Buscan castigar llamadas falsas a servicios de emergencia
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Chihuahua.- Con el objetivo de frenar el abuso sistemático de los sistemas de emergencia que pone en riesgo vidas humanas y genera pérdidas millonarias al erario, la comisión de seguridad pública y protección civil del congreso del estado presentó un dictamen para adicionar el artículo 307 Bis al código penal del estado de Chihuahua.
Esta reforma busca tipificar como delito formal la realización de llamadas falsas o reportes improcedentes a los servicios de seguridad y auxilio.
La iniciativa, impulsada originalmente por las y los diputados del grupo parlamentario del partido acción nacional (PAN), surge tras un análisis alarmante de la situación en la entidad.
Según datos de la secretaría de seguridad pública estatal, durante el año 2025 se han recibido más de 346 mil llamadas, de las cuales el 66.58% resultaron improcedentes. Esto significa que dos de cada tres llamadas que ingresan al 911 en Chihuahua no corresponden a una emergencia real, saturando las líneas y distrayendo recursos críticos.
El dictamen expone casos trágicos donde la saturación de las líneas por bromas telefónicas ha impedido la atención de emergencias genuinas, como infartos, derivando en la pérdida de vidas, además del costo humano, se destaca un impacto económico considerable: cada llamada falsa cuesta en promedio 31 pesos al erario, lo que se traduce en un desperdicio nacional de más de 4 millones de pesos diarios en combustible, personal y desgaste de equipo.
Actualmente, en Chihuahua, estas conductas sólo son sancionadas de forma administrativa a través de reglamentos de justicia cívica municipal, lo que ha resultado insuficiente para disuadir a los infractores, con la adición del artículo 307 Bis, el estado se alinearía con entidades como Puebla, Querétaro y Aguascalientes, donde ya se castiga con rigor el mal uso de las líneas de auxilio bajo el argumento de que la seguridad pública y la integridad física son bienes jurídicos superiores que deben protegerse penalmente.
La reforma pretende enviar un mensaje claro a la ciudadanía sobre la seriedad del servicio de emergencias, especialmente ante el dato de que una parte significativa de estas llamadas son realizadas por menores de edad, lo que refleja una falta de conciencia sobre las consecuencias fatales que puede tener una "broma" al evitar que una unidad de rescate llegue a tiempo a un siniestro real.