Reparan tuberías y atienden problemas de drenaje en Lucio Cabañas

La licencia de Alejandro Pérez Cuéllar a la diputación federal tiene mucho de noticia anunciada y poco de sorpresa política. Desde 2024, en los corredores del poder juarense se hablaba de una operación con calendario propio; llevar al hermano menor de Cruz Pérez Cuéllar a la antesala de la sucesión municipal de 2027, utilizando las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Dos años después, Alejandro deja San Lázaro y entrega la curul a Joaquín Ruiz Olloqui. La explicación oficial habla de una nueva etapa; los radiopasillos, menos ceremoniosos, apuntan hacia una candidatura a la alcaldía que todavía no se anuncia, pero cuya posibilidad lleva tiempo circulando. El trasfondo se remonta a la elección de 2024, cuando Cruz Pérez Cuéllar consolidó su proyecto municipal y Alejandro obtuvo una diputación federal bajo la coalición encabezada por Morena. Desde entonces comenzó a tomar forma la lectura de una eventual sucesión familiar, con el Verde como vehículo electoral. En la conversación política local incluso se habla de que Cruz habría asegurado el control de esa franquicia partidista para mantener una carta propia sobre la mesa. La versión de una supuesta compra del PVEM no cuenta con evidencia pública que permita establecerla como hecho; lo políticamente relevante es la percepción de que las siglas verdes podrían convertirse en un instrumento de negociación dentro del bloque oficialista. La jugada tiene una dimensión que rebasa la alcaldía. Mientras Cruz Pérez Cuéllar participa en el escenario de la sucesión estatal, la eventual postulación de Alejandro por el Verde abriría un segundo frente de negociación en Ciudad Juárez. Dos hermanos, dos posiciones electorales y un mismo territorio político, aunque bajo siglas que no necesariamente tendrían que coincidir en la boleta. El asunto no es menor; en una coalición donde las candidaturas se distribuyen entre acuerdos nacionales, equilibrios locales y cuotas partidistas, disponer de una alternativa electoral puede representar capacidad de interlocución. Otra cuestión será conocer hasta dónde llega realmente la autonomía del PVEM frente a Morena y sus propias dirigencias. Por ahora, Alejandro Pérez Cuéllar no ha confirmado que buscará la Presidencia Municipal, ni existe una candidatura formal del Verde que permita dar por consumada la operación. Sin embargo, la licencia legislativa introduce una pieza concreta en aquel tablero que, según la lectura de los círculos políticos, comenzó a acomodarse desde 2024. Falta conocer si el movimiento desembocará en una candidatura, en una negociación de coalición o en un reacomodo distinto. Porque en política las licencias suelen anunciarse el día que se solicitan, pero las decisiones que las explican pueden haberse tomado mucho antes.

El expediente contra César Gustavo Jáuregui Moreno dio un giro que coloca la soberanía nacional en el centro de una controversia judicial con evidentes repercusiones políticas. Lo que comenzó como un operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, terminó en una imputación por traición a la patria. La Fiscalía General de la República sostiene que el exfiscal incurrió en una grave deslealtad hacia México al presuntamente consentir la participación de extranjeros en acciones reservadas a las autoridades nacionales. El resultado material de la intervención; el aseguramiento de instalaciones destinadas a la producción de drogas; quedó desplazado en la argumentación ministerial por la discusión sobre quiénes participaron y bajo qué autorización. Jáuregui permanece sujeto a prisión preventiva oficiosa y su audiencia de vinculación a proceso está prevista para el sábado a las 15:00 horas. La acusación adquirió un matiz inusual cuando la FGR llevó sus argumentos del terreno penal al escenario geopolítico. Durante la audiencia, según la información difundida sobre el procedimiento, el Ministerio Público invocó el caso de Venezuela y las actuaciones de Estados Unidos en ese país para advertir sobre los riesgos de permitir intervenciones extranjeras en territorio mexicano. La comparación introduce una dimensión política que va más allá de los hechos concretos investigados; vincula la presunta autorización de una colaboración operativa con la posibilidad de una intervención estadounidense de mayores proporciones. El punto jurídico será determinar si la conducta atribuida a Jáuregui reúne los elementos específicos del delito imputado, independientemente de las consideraciones sobre patriotismo, lealtad nacional o antecedentes internacionales. En el fondo aparece una contradicción que tendrá que resolver el Poder Judicial; una operación dirigida contra el narcotráfico es utilizada como sustento de una acusación relacionada con la seguridad y la soberanía del Estado mexicano. Para la Fiscalía, el resultado del operativo no elimina una posible violación a las disposiciones que regulan la intervención de agentes extranjeros; para la defensa, existen imprecisiones en la construcción del caso e incluso afirmaciones ministeriales que, sostiene, no corresponden con las entrevistas incorporadas al expediente. La controversia no se resolverá acreditando únicamente que existió colaboración internacional, sino estableciendo su naturaleza, alcance, autorización y eventual correspondencia con el tipo penal de traición a la patria. El debate sobre la soberanía es políticamente relevante, pero su invocación no sustituye la obligación de demostrar los elementos del delito. La audiencia del sábado será el siguiente punto de inflexión de un expediente que ya rebasó la esfera judicial de Chihuahua. El juez deberá determinar si existen datos suficientes para vincular a proceso al exfiscal, una resolución que no constituye sentencia ni determina culpabilidad. Mientras tanto, el caso coloca bajo escrutinio la coordinación entre autoridades estatales, federales y estadounidenses, así como los límites legales de la cooperación antidrogas. También abre un frente político para el gobierno de Maru Campos y para la Federación, particularmente por las responsabilidades institucionales que pudieran derivarse de la intervención en El Pinal. La incógnita no es menor; si la Fiscalía consigue sostener jurídicamente su acusación, el proceso podría establecer un precedente relevante sobre colaboración extranjera; si sus argumentos no superan el examen judicial, quedará abierta la discusión sobre la distancia entre la gravedad del delito imputado y los hechos efectivamente acreditados.Si 

Metamorfosis forzada 
padece Ovidio "el Ratón",
muy bueno pa' la cantada
ya se convirtió en gorrión.

AHORA TIENE EN UNA MANO
AL GOBIERNO MEXICANO.

Resulta que las detenciones de conductores ebrios han disminuido considerablemente porque los oficiales de la Policía Vial, quieren evitar la fatiga, como decía Jaimito El Cartero, el personaje de la serie de El Chavo del 8.

Dicen que los policías ya no quieren llevar a los conductores ebrios a la delegación para evitar la pérdida de tiempo, que, en ocasiones, se lleva hasta medio turno y pues así la casa pierde $.

Cuando ya de plano no hay de otra más que llevar al conductor borracho a la delegación, después de intentos e intentos de llegar a un arreglo $ en la calle, pues ni modo, lo llevan.

Comentan que hay broncas con los accesos en las claves para ingresar en las computadoras de vialidad, aunado a que algunos polis no se les da el uso de esos aparatejos, así que tienen que pagar algunos cientos de pesos al oficial de guardia para que les haga la chamba, que es elaborar el llamado IPH (Informe Policial Homologado) que awiwi tiene que subirse a la página de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y quede en el Registro Nacional de Detenciones, de no ser así les cae bronca, hasta de secuestro los pueden acusar.

Foto ilustrativa