Apoyan a hombre en silla de ruedas tras encontrase en complicaciones por fuertes lluvias

Bueno, bueno, no deja uno de sorprenderse de lo que sucede en el episodio del Narco Lab de Morelos. La Fuente supo a ciencia cierta que Arturo Zuany tramitó un amparo ante la justicia federal para evitar ser detenido ya sea por la Fiscalía General de la República o por la General de Justicia en el Estado. Su abogada es la Ex Jueza Alejandra Ramos, cónyuge de Luis Fernando Mesta, el que fuera Secretario General de Gobierno en el fallido quinquenio de La Corraleja sin Moraleja. El amparo de Alejandra corrió por un montón de dependencias e ipso facto encendió alarmas ruidosas por aquí y por allá. Zuany, hay que recordar, estuvo en la administración de Corral en Ciudad Juárez en la Agencia Estatal de Investigaciones. Sus nexos con Erika -así conocida en la Fiscalía- así como con Fiscales de la Zona Norte y Centro, apuntan que por ahí se coló a la defensa del grupo corralista.

El caso de César Jáuregui dejó a más de uno, varios, con un sabor amargo en la boca, pero parece que no era sorpresa, ya que en Palacio de Gobierno solo era cuestión de tiempo para que la caja de pandora se destapara y se le terminará diciendo a Jáuregui, te lo dije, o así lo expresó la gobernadora Maru Campos, que frente a los micrófonos nacionales de LatinUS dijo que al hoy vinculado se lo advirtieron no una, ni dos, sino más de ocho veces y con testigos de enfrente. Maru aprovechó para aclarar que nunca pactó nada con la presidenta para perjudicar al exfiscal y que nunca se doblará ni cederá ante Morena ya que no tiene oficio de mercenaria, ni de traicionar. Pero, reveló que sí se le pidió bajarse del barco a César antes de que las olas de la federación por el caso de El Pinal lo hundieran y arrastraran al partido en plenos meses electorales. Pero su yo puedo con esto y más, inflado con la soberbia de quien se siente intocable, fue la respuesta de Jáuregui. Yo los enfrento, dijo en su momento pero hoy ya cuenta con una firma de vinculación por parte de un juzgado del fuero común, aquella soberbia se convirtió en papel mojado. El panorama judicial se le vino encima y aquel presuntuoso yo puedo terminó demostrando que el exceso de confianza suele ser el peor de los verdugos.

No todo lo que se sabe se dice, ni todo lo que se dice conviene. La gobernadora Maru Campos parece haber llevado al terreno mediático una conversación que pertenecía al ámbito de la interlocución entre poderes. Al revelar que ella y Claudia Sheinbaum se reclamaron, se enojaron y elevaron la voz durante su encuentro privado del 19 de septiembre en el aeropuerto de ciudad Juárez, la gobernadora convirtió una diferencia institucional en un episodio de confrontación pública. La revelación no fue menor; ambas habían acordado, según la propia versión de Campos, mantener reservado el contenido de aquella reunión, pero ambas hablaron en público sobre los temas tratados. La mandataria justificó su decisión por los ataques políticos posteriores, pero abrió una interrogante de mayor profundidad. Chihuahua enfrenta desafíos de seguridad que requieren cooperación permanente con la Federación, particularmente por la violencia del crimen organizado y la controversia sobre la participación de agentes estadounidenses en operaciones dentro del territorio nacional. Maru tiene derecho a exigir respaldo federal, cuestionar decisiones y defender sus atribuciones constitucionales. La firmeza política no necesariamente se mide por la intensidad de los reclamos, sino por la capacidad de transformar las diferencias en decisiones, recursos y resultados. En ese terreno, la espectacularidad de una entrevista difícilmente sustituye a la eficacia de una negociación. El trasfondo revela una contradicción política particularmente delicada. La gobernadora reclama la ausencia de comunicación directa con Palacio Nacional, pero simultáneamente hace público un intercambio que, por su naturaleza, exigía confianza entre interlocutores. Es posible interpretar sus declaraciones como un intento de responder a las sospechas de un supuesto acuerdo político relacionado con el caso César Jáuregui; la propia Gobernadora negó la existencia de ese pacto. Sin embargo, la discusión pública corre el riesgo de desplazarse de lo verdaderamente importante la seguridad, las responsabilidades institucionales y el esclarecimiento de los hechos hacia una disputa sobre quién reclamó más fuerte, quién cedió menos y quién salió mejor librada de una reunión que solo las protagonistas presenciaron. La verdadera factura de este episodio no necesariamente llegará mediante una represalia presidencial, sino a través del deterioro de la confianza institucional. Sheinbaum también tiene la responsabilidad de mantener abiertos los canales de cooperación, independientemente de sus diferencias con la gobernadora. Pero el problema de fondo permanece; cuando la política convierte la confidencialidad en herramienta de posicionamiento, cada encuentro futuro puede quedar condicionado por el temor a su divulgación. Maru Campos podrá haber buscado demostrar que no se subordinó a la presidenta, lo cual ciertamente logró. Porque las reuniones entre gobernantes no deberían medirse por los decibeles de sus discusiones, sino por los problemas que consiguen resolver. Y en un estado atravesado por la violencia, la pregunta relevante no es quién levantó más la voz, sino quién está ofreciendo respuestas.

Metamorfosis forzada 
padece Ovidio "el Ratón",
muy bueno pa' la cantada
ya se convirtió en gorrión.

AHORA TIENE EN UNA MANO
AL GOBIERNO MEXICANO.

Resulta que las detenciones de conductores ebrios han disminuido considerablemente porque los oficiales de la Policía Vial, quieren evitar la fatiga, como decía Jaimito El Cartero, el personaje de la serie de El Chavo del 8.

Dicen que los policías ya no quieren llevar a los conductores ebrios a la delegación para evitar la pérdida de tiempo, que, en ocasiones, se lleva hasta medio turno y pues así la casa pierde $.

Cuando ya de plano no hay de otra más que llevar al conductor borracho a la delegación, después de intentos e intentos de llegar a un arreglo $ en la calle, pues ni modo, lo llevan.

Comentan que hay broncas con los accesos en las claves para ingresar en las computadoras de vialidad, aunado a que algunos polis no se les da el uso de esos aparatejos, así que tienen que pagar algunos cientos de pesos al oficial de guardia para que les haga la chamba, que es elaborar el llamado IPH (Informe Policial Homologado) que awiwi tiene que subirse a la página de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y quede en el Registro Nacional de Detenciones, de no ser así les cae bronca, hasta de secuestro los pueden acusar.

Foto ilustrativa