Recorte de recursos federales afecta la atención médica en municipios: Senador

Lo que inicialmente fue presentado como un ejercicio de profesionalización para el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio del Tribunal Superior de Justicia del Estado ha generado diversas inconformidades entre los asistentes Las principales críticas se centran en la capacitación impartida por el Dr. Javier Carrasco Solís, la cual, según diversos participantes, ha consistido principalmente en la lectura de material y en cuestionamientos a métodos de trabajo que han sido perfeccionados durante años mediante la experiencia operativa del personal encargado de la supervisión de medidas cautelares. Algunos asistentes también refieren una actitud poco receptiva a las aportaciones realizadas durante las sesiones, señalando respuestas defensivas ante observaciones sustentadas en la experiencia práctica acumulada por quienes desempeñan diariamente estas funciones. Entre el personal también han surgido cuestionamientos sobre el costo de estas capacitaciones, considerando que el contenido impartido no ha cumplido con las expectativas de fortalecimiento técnico y práctico para el desempeño de sus funciones. A ello se suman inquietudes sobre un posible conflicto de intereses, tanto por los criterios utilizados para la contratación del expositor como por la relación institucional que éste mantuvo con actores vinculados a la administración de Javier Corral y a la etapa de los llamados “Expedientes X”, periodo que continúa siendo objeto de debate público. Diversas voces dentro de la institución consideran que, de existir algún beneficio indebido para terceros derivado de la contratación, asignación de recursos o utilización de estos ejercicios institucionales para fines distintos a los oficialmente establecidos, correspondería a las instancias competentes determinar si pudieran actualizarse responsabilidades administrativas o, en su caso, posibles implicaciones legales. La preocupación aumenta debido a que algunos perfiles relacionados con esa etapa permanecen dentro de distintas áreas del sistema de justicia, lo que para algunos trabajadores alimenta la percepción de que continúan existiendo grupos de influencia con capacidad de incidir en decisiones institucionales. Asimismo, entre parte del personal han surgido cuestionamientos sobre si los recursos destinados a estas capacitaciones están generando un beneficio institucional proporcional a su costo, o si detrás de determinadas contrataciones podrían existir intereses ajenos al fortalecimiento del servicio público. En ese contexto, algunos trabajadores expresan preocupación de que los diagnósticos, evaluaciones o apreciaciones derivadas de estos ejercicios puedan utilizarse para influir en futuras decisiones administrativas respecto del personal, más que para mejorar sus capacidades profesionales. Por ello, distintos integrantes del Instituto consideran importante que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera, tenga pleno conocimiento de las inquietudes existentes respecto al contenido, costo, contratación, posible conflicto de intereses y alcances de estas capacitaciones. De igual forma, surge la interrogante sobre si la gobernadora María Eugenia Campos Galván está enterada de estas preocupaciones, particularmente considerando que fue una de las principales figuras señaladas durante la etapa impulsada por el grupo político encabezado por Javier Corral. Para algunos trabajadores, también resulta necesario esclarecer si perfiles y grupos identificados con aquella administración continúan ejerciendo influencia dentro de espacios estratégicos de decisión, así como determinar quiénes siguen impulsando, respaldando o beneficiando su permanencia dentro de las instituciones. Las inquietudes se mantienen debido a que varios de estos perfiles han sido asociados por distintos sectores a la etapa de los llamados Expedientes X y a los señalamientos públicos relacionados con la denominada “Nómina Secreta”, asuntos que marcaron una de las etapas más controvertidas de la vida política y judicial del estado.

El Diputado Alfredo Chávez trae la espada desenvainada y anda rasurando cuanta maleza se topa en su camino. En el otro brazo carga la iniciativa de reforma electoral para el 2027 con todos sus arrimadijos y asegunes. Los que saben dicen que la reforma va y que habrá por disposición constitucional y local alternancia política de género en la Gubernatura. La idea es que sean los partidos los que estén obligados en 2027 a postular candidatos de distinto género al que registraron en 2021. De esta manera, si Morena puso a El Loerilla de género masculino -bueno, pues- ahora el año entrante estaría obligado a proponer a una mujer para la Gubernatura. Y si el PAN postuló a Maru en 2021 tocaría género masculino con lo cual se salva Marcobón. Es decir, la norma obligaría a los partidos y no al ente del gobierno, aseguran los que saben. Así que Alfredo la trae y ya no tarda en soltarla, aunque falte ver la defensa que haga Cruz Pérez Cuéllar del caso porque anda a tambor batiente en pos de la candidatura.

Metamorfosis forzada 
padece Ovidio "el Ratón",
muy bueno pa' la cantada
ya se convirtió en gorrión.

AHORA TIENE EN UNA MANO
AL GOBIERNO MEXICANO.

Resulta que las detenciones de conductores ebrios han disminuido considerablemente porque los oficiales de la Policía Vial, quieren evitar la fatiga, como decía Jaimito El Cartero, el personaje de la serie de El Chavo del 8.

Dicen que los policías ya no quieren llevar a los conductores ebrios a la delegación para evitar la pérdida de tiempo, que, en ocasiones, se lleva hasta medio turno y pues así la casa pierde $.

Cuando ya de plano no hay de otra más que llevar al conductor borracho a la delegación, después de intentos e intentos de llegar a un arreglo $ en la calle, pues ni modo, lo llevan.

Comentan que hay broncas con los accesos en las claves para ingresar en las computadoras de vialidad, aunado a que algunos polis no se les da el uso de esos aparatejos, así que tienen que pagar algunos cientos de pesos al oficial de guardia para que les haga la chamba, que es elaborar el llamado IPH (Informe Policial Homologado) que awiwi tiene que subirse a la página de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y quede en el Registro Nacional de Detenciones, de no ser así les cae bronca, hasta de secuestro los pueden acusar.

Foto ilustrativa