LA ALERTA

La reciente alerta de viajes emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos para Ciudad Juárez no es ninguna sorpresa para quienes conocen la realidad de la frontera. Con un promedio cercano a 100 homicidios mensuales y un Cereso que opera como oficina central de líderes criminales, las condiciones de inseguridad son un secreto a voces. La violencia, aunque mayoritariamente dirigida entre grupos delictivos, ha rebasado sus propios límites y se ha filtrado a espacios públicos, poniendo en riesgo la vida de ciudadanos. Ante este panorama, las restricciones de movilidad para el personal estadounidense —limitado a un perímetro que va del bulevar Independencia al este, De los Montes Urales y avenida Manuel J. Clouthier al sur, eje vial Juan Gabriel y avenida de los Insurgentes al oeste, y la frontera al norte— parecen un acto de supervivencia: tiene prohibido pasar por Anapra hacia San Jerónimo y no puede acceder a las Barrancas del Cobre. Mientras los reclusos de alto perfil mantienen operaciones casi intactas desde el interior del penal, las calles continúan siendo escenario de ejecuciones, extorsiones y secuestros. La reacción internacional es lógica cuando la ciudad entera es un campo de riesgo diario.