Deudores alimentarios enfrentarían sanciones patrimoniales con reforma propuesta en Chihuahua

Chihuahua.- En el estado de Chihuahua, madres que buscan garantizar la pensión alimenticia para sus hijos suelen enfrentar procesos legales que pueden prolongarse durante años sin que el padre cumpla con su responsabilidad. Ante esta problemática, la diputada Xóchitl Contreras presentó una iniciativa de reforma para fortalecer la aplicación del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas (REPDAM) y asegurar consecuencias reales para quienes incumplen con la manutención.

El REPDAM fue creado en 2021 con el objetivo de registrar a los padres que no cumplen con la pensión alimenticia. Sin embargo, en la práctica su uso ha sido mínimo. De acuerdo con información recabada en juzgados del estado, desde su creación apenas se han realizado inscripciones en algunos tribunales, situación que no refleja la ausencia de deudores, sino la complejidad del procedimiento actual, el cual resulta costoso y obliga a las madres a iniciar trámites adicionales después de años de litigio.

La legisladora explicó que esta situación evidencia una falla estructural del sistema, ya que cuando un padre deja de pagar la pensión alimenticia, la carga económica suele recaer totalmente en la madre, lo que se traduce en una forma de violencia económica contra las mujeres.

“Cuando un padre deja de pagar la pensión, la carga recae completamente en la madre. Muchas tienen que endeudarse, reducir sus jornadas laborales o sacrificar proyectos personales para sacar adelante a sus hijos. Eso no puede seguir ocurriendo mientras la ley permanece sin aplicarse”, expresó Contreras.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer y las actividades del Mes de la Mujer, la iniciativa plantea transformar el funcionamiento del registro para que se convierta en una herramienta efectiva de protección para las familias.

Entre las principales medidas propuestas destaca que la inscripción de los deudores se realice de oficio desde el primer incumplimiento de la pensión provisional, sin que la madre tenga que promover nuevos trámites, además de establecer que dicha inscripción se efectúe en un plazo máximo de 24 horas.

Asimismo, la reforma plantea que instituciones como el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, además de bancos y empleadores, estén obligados a informar a los jueces sobre los ingresos y bienes del deudor en un plazo máximo de cinco días hábiles.

La propuesta también contempla consecuencias patrimoniales directas para quienes incumplan con la pensión alimenticia, entre ellas la imposibilidad de vender propiedades, la retención de devoluciones fiscales, el bloqueo de cuentas bancarias mediante orden judicial y restricciones para ocupar cargos públicos, ser candidatos, fungir como proveedores del gobierno o realizar trámites notariales.

De igual manera, la reforma plantea que el registro estatal se conecte con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y establece sanciones de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para servidores públicos, notarios o patrones que obstaculicen la aplicación de la ley.

Finalmente, la diputada reiteró que el propósito de la iniciativa es garantizar que la legislación se cumpla y que los menores no queden en situación de vulnerabilidad por el incumplimiento de sus padres.

“Porque ninguna madre debería cargar sola con lo que legalmente corresponde a dos, y ningún niño debería quedarse sin sustento mientras el sistema mira para otro lado”, concluyó.