Generan reformas fiscales y legales incertidumbre en el sector empresarial
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Ciudad Juárez.— En medio del debate nacional sobre el aumento de impuestos, particularmente del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y las recientes modificaciones a la Ley de Amparo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Juárez, Iván Pérez, compartió su postura respecto a las implicaciones que estas medidas tendrán para los empresarios y consumidores.
Aumento del IEPS: un golpe indirecto al consumidor
—¿Cuál es la postura del sector empresarial respecto al incremento del IEPS?
“El aumento al IEPS es un tema sensible. Entendemos que se trata de un impuesto enfocado a productos considerados nocivos para la salud, como tabaco, alcohol o bebidas azucaradas.
Sin embargo, su impacto no recae únicamente en los grandes productores, sino que termina afectando al consumidor final y, de manera indirecta, a los pequeños y medianos comerciantes que dependen de la venta de estos productos”, explicó Iván Pérez.
El dirigente empresarial subrayó que, si bien el gobierno federal ha argumentado que parte de la recaudación será destinada a programas de salud y campañas de prevención, la falta de claridad sobre el destino real de esos recursos genera desconfianza.
“Nos preocupa que no exista una rendición de cuentas puntual.
Los empresarios estamos de acuerdo en apoyar medidas que promuevan la salud pública, pero exigimos transparencia en el uso de los fondos recaudados”, añadió.
Impacto en el comercio local y nuevas áreas gravadas
—¿Cómo afecta esto al comercio juarense?
“El impacto inmediato puede no sentirse de forma directa, pero sí existe una cadena de repercusiones. Por ejemplo, el aumento en productos gravados reduce el poder adquisitivo de las familias, y eso se refleja en la baja de consumo general”, dijo Pérez.
También mencionó la preocupación del sector ante la posible ampliación del IEPS a nuevas áreas como los videojuegos o plataformas digitales, lo que podría generar un efecto dominó en pequeñas empresas dedicadas al entretenimiento o la venta de productos tecnológicos.
Modificaciones a la Ley de Amparo: empresarios en desventaja
—Otro tema que ha generado controversia es la modificación a la Ley de Amparo.
¿Cuál es la postura de la Canaco?
“Nos preocupa profundamente.
Con las reformas aprobadas, los empresarios pierden herramientas legales que históricamente nos han permitido defendernos ante decisiones arbitrarias. Lo más delicado es que la nueva redacción permite aplicar la ley de manera retroactiva, lo cual vulnera la seguridad jurídica de todos”, sostuvo.
Según Pérez, el 95% de los empresarios consultados a nivel nacional están en desacuerdo con estas modificaciones, según una encuesta interna realizada por el sector.
“La retroactividad es peligrosa. Cambia las reglas del juego en medio de un proceso.
Eso puede dejar en indefensión a pequeñas y medianas empresas que no tienen los recursos para enfrentar litigios largos o complejos”, puntualizó.
Ausencia de respuesta y unidad empresarial
—¿Ha habido comunicación con las autoridades o con la CONCANACO a nivel nacional?
“Hemos solicitado una postura más firme de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), pero hasta ahora no hemos tenido una respuesta clara.
Desde Canaco Juárez hemos enviado nuestras observaciones y propuesto mesas de trabajo, porque el sentir de los empresarios es de inconformidad y de preocupación”, expresó Pérez.
El presidente local resaltó que el papel de los organismos empresariales no debe limitarse a la reacción, sino que deben organizar estrategias de representación activa ante los poderes legislativo y ejecutivo.
Hacia un diálogo con el gobierno
—¿Qué acciones están tomando desde Canaco Juárez?
“Estamos convocando a una serie de foros de análisis con abogados fiscalistas y expertos en derecho constitucional para evaluar las implicaciones reales de estas reformas.
Queremos informar a los empresarios sobre sus derechos y buscar alternativas de defensa colectiva si es necesario.”
Asimismo, Pérez hizo un llamado a las autoridades a establecer un diálogo franco con el sector empresarial, destacando que la estabilidad económica del país depende en gran medida del trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa privada.
“El país necesita equilibrio entre la recaudación fiscal y el impulso al desarrollo económico.
No estamos en contra de contribuir; lo que pedimos es certeza, legalidad y diálogo.
Las nuevas medidas fiscales y legales, tal como están planteadas, generan un clima de incertidumbre que frena la inversión y afecta la competitividad”, concluyó Iván Pérez.
“Los empresarios no buscamos privilegios, buscamos reglas claras y justas.”