Respalda Xóchitl Contreras al Instituto Tesla
- Por Editora M
-Pide revisar resolución judicial
Ciudad Juárez.- El caso del Instituto Tesla continúa generando debate público tras la resolución judicial que condenó a la institución al pago de más de 20 millones de pesos por daño moral y afectación al proyecto de vida de un exalumno expulsado en 2022, luego de que más de 20 alumnas lo señalaran por presuntas conductas de acoso, hostigamiento y violencia sexual.
Ante esta situación, la diputada local Xóchitl Contreras expresó su respaldo al Instituto Tesla y cuestionó la resolución emitida por el juez José Chaparro Sánchez, al considerar que el fallo podría convertirse en un precedente que desincentive la actuación de escuelas y autoridades educativas cuando existan denuncias relacionadas con la seguridad e integridad de estudiantes.
La legisladora sostuvo que el asunto trasciende un litigio particular y plantea una discusión de interés público sobre la capacidad de las instituciones educativas para actuar cuando reciben denuncias de posibles conductas que afectan a niñas, adolescentes y jóvenes.
“Lo que hoy está ocurriendo es indignante. El Instituto Tesla actuó ante señalamientos graves y hoy parece ser tratado como responsable por haber protegido a sus estudiantes”, manifestó.
El origen del caso se remonta a 2022, cuando directivos del plantel informaron que recibieron denuncias de más de 20 alumnas contra un estudiante mayor de edad. Según la institución, los hechos fueron reportados a diversas autoridades educativas y de procuración de justicia, tras lo cual se determinó la baja del alumno y se le entregó documentación para continuar sus estudios en otro centro educativo.
La reciente sentencia ha provocado preocupación entre autoridades educativas y especialistas, quienes advierten que el fallo podría generar incertidumbre entre directivos escolares al momento de intervenir en casos de denuncias por acoso o violencia dentro de los planteles.
Incluso la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte calificó el asunto como un “precedente muy peligroso” para las escuelas del estado.
Contreras señaló que la resolución podría enviar un mensaje equivocado a las instituciones encargadas de salvaguardar a los estudiantes, al generar temor de enfrentar consecuencias legales por actuar ante denuncias presentadas por presuntas víctimas.
Asimismo, la diputada anunció que dará seguimiento al proceso jurídico y respaldará los recursos legales que el Instituto Tesla promueva para intentar revertir la sentencia, la cual aún puede ser impugnada mediante apelación.
La legisladora también expresó su solidaridad con las jóvenes que denunciaron los hechos y afirmó que las víctimas deben contar con la certeza de que sus señalamientos serán escuchados y atendidos por las instituciones.
El caso ha generado una amplia discusión social sobre el equilibrio entre la presunción de inocencia, los derechos de las personas señaladas y la obligación de escuelas y autoridades de actuar para proteger a estudiantes cuando existen denuncias de posible violencia o acoso.
La resolución judicial y sus efectos podrían influir en la manera en que futuros casos similares sean abordados por instituciones educativas en Chihuahua y otras entidades del país.