Aumenta la precariedad alimentaria en Juárez

-Cifras y voces subrayan la urgencia social

Ciudad Juárez.- Mientras a nivel nacional se registran avances modestos para garantizar una alimentación digna, en Ciudad Juárez la realidad es otra; la precariedad alimentaria no solo persiste, sino que crece. 
Así lo confirman datos oficiales actualizados y los testimonios de las familias que viven al día al suroriente, en Anapra y en la colonia Felipe Ángeles, por mencionar algunas de las colonias.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), alrededor de 247 mil juarenses padecen carencias en el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, lo que representa casi una quinta parte de la población total del municipio, estimada en 1.3 millones de habitantes. 
A nivel estatal, 300 mil personas enfrentan esta condición, y 180 mil de ellas residen en Juárez. Además, un análisis local mostró que entre 2020 y 2024 la inseguridad alimentaria se elevó, mientras que casi el 74 % de la población económicamente activa recibe entre uno y dos salarios mínimos.
En paralelo, aunque Chihuahua ha logrado mantener un nivel comparativamente bajo de pobreza laboral —con 20.8 % de la población cuyo ingreso laboral es inferior al costo de la canasta alimentaria, frente al promedio nacional de 35.4 %— Ciudad Juárez destaca por tener solo 14.7 % en esa situación, una de las cifras más bajas del país.
Esto revela una tensión; aunque los ingresos laborales son algo más favorables, múltiples factores (como inflación, empleo informal y vulnerabilidades acumuladas) continúan limitando el acceso a una alimentación adecuada.
El impacto social se agrava. Entre enero y agosto de 2024, los casos de desnutrición en el estado aumentaron un 21.6 %, con 2,148 nuevos registros de los cuales el 34 % afectan a menores de 17 años. 
La combinación de precios elevados  como los de carne, frijol y frutas  y servicios públicos incompletos crea un entorno de inseguridad nutricional sostenida.
En barrios como Felipe Ángeles, suroriente de la ciudad y Anapra, los habitantes expresan con crudeza esa realidad:
“A veces solo tenemos para frijoles y tortillas, la carne ya casi no la compramos porque está muy cara. Mis hijos me preguntan por leche, pero a veces no alcanza ni para eso”, comparte María López, madre de tres hijos que trabaja en el comercio informal.
“Yo tengo que decidir si compro verduras o pago la luz. Con ese dilema vivo cada semana,” dice Ana Pérez, residente de Anapra que cuida a sus sobrinos tras la muerte de su madre.
“Los niños me preguntan cuándo comeremos algo más. A veces ya ni huevos les doy, porque no alcanza,” comenta Fernando Martínez, del suroriente, quien trabaja en la maquila con jornadas largas.
Estos relatos reflejan una realidad humana que va más allá de los datos: familias que reducen porciones, eliminan alimentos proteicos y viven con la tensión constante de alimentar a sus hijos.
Frente a este panorama, organismos como CONEVAL y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) recomiendan fortalecer los programas de transferencias directas, ampliar los bancos de alimentos, y diseñar políticas fiscales que frenen la inflación en productos básicos especialmente en zonas urbanas con alta vulnerabilidad.