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Chihuahua, Chih.– El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, cuestionó el manejo de los terrenos destinados a la vivienda de interés social por parte de las autoridades locales en Chihuahua. Al abordar la operatividad del Programa de Viviendas para el Bienestar impulsado a nivel nacional, el legislador explicó que la dinámica establece que las entidades y municipios deben aportar los predios debidamente regularizados, mientras que el Gobierno Federal, a través del Infonavit o la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), asume la ejecución y financiamiento de las construcciones.
Durante su intervención, Estrada Sotelo refirió que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realiza un balance semanal cada miércoles sobre el avance en la entrega e infraestructura habitacional en las distintas regiones del país. No obstante, el representante parlamentario enfatizó que en el escenario local el avance se ha visto ralentizado debido a las complejidades administrativas y a la falta de disposición de reservas territoriales estatales para proyectos de carácter meramente comunitario o de bienestar social.
El líder morenista arremetió contra la gestión del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, sosteniendo que el programa federal no ha logrado desplegarse con la celeridad requerida debido a políticas locales que, según su postura, han priorizado intereses inmobiliarios privados sobre el derecho a la vivienda digna para los sectores vulnerables. Estrada señaló de manera crítica que mientras para proyectos particulares no existen impedimentos de suelo, la asignación de terrenos para causas populares enfrenta trabas constantes, citando como ejemplo las iniciativas promovidas por la bancada panista en la cámara local.
El legislador urgió a las autoridades estatales a facilitar las gestiones del suelo para destinar predios viables y en regla que permitan detonar la edificación de casas mediante esquemas de crédito accesibles para las familias chihuahuenses. Concluyó reiterando que la colaboración institucional de los tres niveles de gobierno es clave para garantizar el acceso al patrimonio familiar, instando a dejar de lado visiones de negocio con los inmuebles públicos y priorizar la atención a la demanda habitacional en el estado.
