Chihuahua.- En un esfuerzo por saldar una deuda histórica con el magisterio estatal, el diputado Roberto Arturo Medina Aguirre, integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó ante el Congreso del Estado una proposición con carácter de punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo a reconocer formalmente la "Clave L" o Plaza de Tiempo Completo Mixto como una categoría docente legítima.
La iniciativa surge como respuesta a la incertidumbre jurídica que enfrentan cientos de maestras y maestros desde el año 2015, cuando, derivado de las reformas educativas federales, el Gobierno del Estado suspendió la aplicación de este esquema de profesionalización. Según la exposición de motivos del legislador, la Clave L no era un bono discrecional, sino un reconocimiento a la formación académica (principalmente de egresados de la Universidad Pedagógica Nacional) y a la trayectoria de quienes cumplían con rigurosos requisitos de carrera docente.
El legislador señaló que la interpretación administrativa que eliminó esta categoría vulnera el principio de irretroactividad de la ley, afectando derechos previamente consolidados. Esta situación ha obligado a los docentes a recurrir a largos procesos judiciales que, en muchos casos, han resultado en laudos favorables para los trabajadores, pero que siguen siendo impugnados por la autoridad estatal bajo argumentos de limitaciones presupuestales.
La problemática trasciende el ámbito laboral y se convierte en un tema de justicia social, ya que muchos de los afectados son docentes jubilados cuyas pensiones se han visto mermadas al no reconocerse su nivel salarial real. Ante esto, la propuesta de Medina Aguirre busca que la Secretaría de Educación y Deporte, junto con la Secretaría de Hacienda del Estado, realicen una revisión integral para garantizar el respeto a los derechos adquiridos y establezcan mesas de conciliación que eviten la judicialización excesiva de los casos.
Finalmente, el exhorto incluye un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal para que emita una opinión técnica sobre la compatibilidad de la "Clave L" y la "Clave L Plus" con el marco jurídico actual. Con esto, se pretende construir una solución institucional con certeza jurídica que devuelva la estabilidad a los pilares del sistema educativo chihuahuense, reconociendo su esfuerzo y compromiso con la formación de las nuevas generaciones.
