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Chihuahua.- En un contexto de creciente tensión agraria y denuncias por hostigamiento oficial, los defensores de derechos humanos Víctor Juárez Rentería y Eduardo Almeida Navarro han interpuesto una solicitud urgente de medidas cautelares ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para sus representados.
La solicitud atribuye estos actos a una coordinación desde la estructura de mando municipal, señalando la posible responsabilidad del presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Mendoza; el secretario del Ayuntamiento, Roberto Andrés Fuentes Rascón; y el subdirector de despliegue, Miguel Moreno Rojas.
Además de los representantes legales, el documento identifica a un grupo de personas en situación de riesgo inminente, entre quienes figuran Mario Enrique Hermosillo Banda, Oscar Martin Hermosillo Banda, José Ruy Girón Quintana, Marcos Enrique Hermosillo Rascón, Blas Rascón Silva, Mario Adán Hermosillo Rascón, María Victoria Banda Robredo, Olga Estela Hernández Jiménez, Jesús Manuel Juárez Hernández, Alejandro Suárez Hernández, Adriano Juárez Hernández, Félix Eloy Méndez Palomino, Oswaldo Méndez Palomino, Edelina Méndez Palomino, María Cecilia Méndez Palomino, María Edelia Palomino Palomino, Sandro Méndez Palomino, Ramón Ramos Campos, José Rey Ramos Luna, Jesús Ramos Luna, María Teresa Ramos Luna, Fabiola Imelda Ramos Luna, Nadia Iveth Ramos, Jesús Valles Casillas y Darío Gómez Delgado.
La solicitud enfatiza que, tras décadas de dilaciones administrativas por parte del Registro Agrario Nacional y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el conflicto territorial se ha visto agravado por la influencia de intereses económicos privados de alto nivel. Los ejidatarios argumentan que la falta de certeza jurídica sobre la propiedad social está siendo utilizada para el despojo y la intimidación.
El recurso busca salvaguardar la vida y la integridad física de los beneficiarios de una resolución presidencial de 1974 perteneciente a los poblados Francisco Villa, Ojo de Agua y Quintas Carolinas, en el municipio de Chihuahua.
Los promoventes, quienes actúan en representación del Comité Particular Ejecutivo de dichas comunidades, alertaron sobre un escenario de "daño irreparable" derivado de la omisión institucional y la presunta intervención de intereses económicos de alto nivel.
Según el documento dirigido a la maestra Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los afectados son en su mayoría personas de edad avanzada que han esperado por más de cinco décadas la ejecución efectiva de sus títulos de propiedad social, enfrentándose ahora a tácticas de amedrentamiento.
La denuncia señala directamente a la estructura de mando del Ayuntamiento de Chihuahua, ya que los peticionarios sostienen que unidades de la Policía Municipal, específicamente las patrullas P-1256 y P-1268, así como elementos ministeriales, han realizado actos de vigilancia y presión sin mandamiento legal alguno.
Estas acciones se habrían visto reforzadas por el uso de drones para el monitoreo de los predios y la presencia de civiles armados vinculados a intereses particulares.
En el cuerpo de la solicitud, se destaca la preocupante polarización política y económica que rodea el conflicto territorial, los defensores aportaron pruebas audiovisuales y periodísticas que sugieren una confrontación pública que involucra a figuras del poder estatal y empresarial, lo cual, afirman, ha exacerbado la vulnerabilidad de los ejidatarios frente a posibles intentos de despojo y ocupación material de sus tierras.
Ante la gravedad de los hechos, la solicitud exige el cese inmediato del hostigamiento policial y la implementación de un esquema de seguridad perimetral para las familias en riesgo.
