A ti ciudadano.
El 19 de noviembre, pero del año de 1987. México despertó aquel día con una noticia que confirmaba los peores temores de millones de ciudadanos: el peso volvía a desplomarse.
En medio de una profunda crisis económica, el gobierno anunció una nueva devaluación cercana al 40 por ciento, fijando la paridad en 3,200 pesos por dólar, una cifra que reflejaba el deterioro financiero que el país venía arrastrando desde principios de la década.
Para la mayoría de los mexicanos aquello no era simplemente un ajuste de cifras en los mercados. Era la señal inequívoca de que la crisis seguía presente en sus hogares.
El aumento constante de los precios, la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre sobre el futuro se habían convertido en parte de la vida cotidiana.
El gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado enfrentaba uno de los periodos más complejos de la historia económica contemporánea.
La crisis de la deuda externa de 1982 había dejado severamente debilitadas las finanzas nacionales. Durante cinco años se habían aplicado programas de austeridad, recortes al gasto público y negociaciones permanentes con organismos financieros internacionales, pero la recuperación no llegaba con la rapidez esperada.
A ello se sumaron los efectos del desplome bursátil internacional ocurrido apenas unas semanas antes.
El llamado "Lunes Negro" del 19 de octubre de 1987, cuando las principales bolsas de valores del mundo registraron pérdidas históricas, generó nuevas presiones sobre las economías emergentes, incluida la mexicana.
La fuga de capitales y la especulación cambiaria aumentaron la presión sobre el peso.
Mientras en las casas de cambio y los bancos las pizarras se modificaban una y otra vez, comerciantes y empresarios trataban de ajustar precios para evitar pérdidas. Los productos importados encarecían de inmediato, mientras los consumidores veían cómo sus ahorros perdían valor frente al dólar.
La noticia recorrió rápidamente fábricas, mercados y oficinas. Muchos mexicanos recordaban todavía las devaluaciones de 1976 y 1982, episodios que habían golpeado duramente la confianza en la moneda nacional. La nueva caída del peso parecía confirmar que el país seguía atrapado en un ciclo de crisis recurrentes.
Las repercusiones fueron inmediatas. La inflación se aceleró, los salarios quedaron rezagados frente al aumento de los precios y el costo de vida continuó elevándose. Para miles de familias, cada devaluación representaba una reducción real de su capacidad de compra y un obstáculo adicional para satisfacer necesidades básicas.
Sin embargo, la gravedad de la situación también impulsó acuerdos entre el gobierno, el sector empresarial y las organizaciones sindicales. Apenas semanas después surgiría el Pacto de Solidaridad Económica, una estrategia que buscó contener la inflación mediante controles de precios, disciplina fiscal y acuerdos salariales. Aquellas medidas marcarían el inicio de una nueva etapa en la política económica mexicana.
La nueva devaluación también puso en evidencia los profundos contrastes que existían en la sociedad mexicana de finales de los años ochenta.
Mientras millones de trabajadores veían disminuir día a día el valor de sus salarios y enfrentaban una inflación que devoraba sus ingresos, una parte de la élite política y empresarial mantenía privilegios difíciles de justificar en medio de la crisis.
Durante aquellos años se multiplicaron las denuncias sobre corrupción administrativa, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito de funcionarios y uso discrecional de recursos públicos.
La percepción ciudadana era que los sacrificios económicos recaían principalmente sobre la población, mientras que muchos integrantes de la clase gobernante parecían mantenerse ajenos a las penurias derivadas de la devaluación, el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo.
La crisis económica alimentó un creciente descontento social y una profunda desconfianza hacia las instituciones.
Para numerosos mexicanos resultaba incomprensible que, mientras el peso perdía valor frente al dólar y los precios de los productos básicos aumentaban constantemente, continuaran saliendo a la luz casos de funcionarios relacionados con actos de corrupción o favoritismo político.
Ese clima de inconformidad contribuyó a erosionar la legitimidad del sistema político y preparó el terreno para las intensas disputas electorales y los cambios que marcarían el final de la década.
Así fue como ,la devaluación del 19 de noviembre de 1987 no fue solamente un episodio financiero. Representó el reflejo de un país que enfrentaba simultáneamente una crisis económica, una crisis de confianza en sus instituciones y un creciente reclamo ciudadano de mayor transparencia, rendición de cuentas y justicia social.