La juarense Olivia Aguirre Bonilla, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va en picada y eso que todavía no arrancan las largas campañas de dos meses sin financiamiento público. Ha ido perdiendo lugares en las principales encuestas pero de manera estrepitosa. De una semana a la otra, en Massive Calmer bajó del lugar seis al ocho y de la penúltima a la última se fue del ocho hasta el 14; es decir, perdió casi el 100 por ciento de popularidad en los últimos siete días. Si como hemos dicho, las encuestas las ganan quienes las pagan, hasta en eso habría una diferencia abismal entre los candidatos participantes. Además, si así, sin empezar campañas, es difícil penetrar en el populacho ante la falta de recursos económicos, que son los que mueven todo, el escenario para la suspirante podría empeorar sobretodo, como lo mencionamos, con dos meses de tanto tiempo para poder permanecer en la dinámica no solo de los fronterizos, sino de todo el país. Ha denunciado previamente Olivia la disparidad que enfrentarán los candidatos con la determinación del mismo Poder Judicial de aumentar de 220 mil a un millón 400 mil pesos el tope de gastos de campaña, lo que suena inverosímil pues solo los aspirantes con capacidad económica personal podrán maniobrar más que los que de plano andan en la pobreza, pues la novedosa nueva ley impide financiamiento de terceros. Además tampoco se puede meter pauta a redes sociales por lo que, en general, todo el alcance que se pueda generar dentro y fuera del teléfono o la televisión debe ser meramente orgánico. ¡Vaya misión imposible!. Así, Aguirre se enfrenta a otros candidatos realmente monstruosos al menos en capacidad mediática y económica, también con la dificultad de llegar sesenta días después a las primeras elecciones constitucionales de jueces, magistrados y ministros; algo que los candidatos a cargos de elección popular en otras elecciones han encontrado como martirio, y eso que tienen casi toda la lana del mundo.
