Las recientes declaraciones de Nancy Escárcega, candidata a la Magistratura del Tribunal de Disciplina del Estado de Chihuahua, no deben tomarse a la ligera. Su denuncia va más allá del ruido electoral, pues habla de una amenaza concreta y profundamente peligrosa para la democracia y el Estado de derecho en la entidad. La aspirante está denunciando que hay candidaturas que responden a intereses del crimen organizado y pretenden incrustarse en la estructura del Poder Judicial. No es una acusación menor. Cuando una candidata señala con firmeza que “esta elección ciudadana se encuentra en riesgo por la ambición de quienes pretenden mantener el poder a toda costa”, no solo está evidenciando el juego sucio de ciertos grupos políticos, sino una alerta más grave, que es el intento de captura de las instituciones judiciales por actores criminales. Pero Escárcega va más allá. Pone nombre y rostro al ataque que asegura estar enfrentando: Javier Corral y su círculo político, con Lucha Castro como figura clave en lo que ella llama “el brazo armado” de esa estructura. Escárcega vuelve a señalar directamente a Corral y a su “brazo armado”, Lucha Castro, acusándolos de manipular a víctimas para atacar su candidatura. La gravedad de esta acusación exige respuestas. No puede pasar inadvertido que en un estado con heridas abiertas por violaciones graves a los derechos humanos, se utilicen estos casos como arma política. Si hay verdad en lo que Escárcega sostiene —y ella no es una outsider, sino una profesional con trayectoria en el análisis de casos emblemáticos como el de la familia Alvarado Reyes—, entonces estamos ante una muestra más de cómo el poder se atrinchera usando el dolor de otros como escudo. Por eso, resulta urgente que la sociedad civil, los organismos de derechos humanos y los medios de comunicación volteen la mirada hacia lo que realmente está en juego, que es la posibilidad de tener un poder judicial verdaderamente autónomo o, por el contrario, uno capturado por intereses políticos y criminales.
