No hay en la Ley Electoral de Chihuahua una sola línea que autorice al IEE a reservar 23 alcaldías para mujeres. Ninguna. Y aun así, su presidenta, Yanko Durán Prieto, propone hacerlo en el anteproyecto para 2027. Que quede claro: el problema no es la paridad. La paridad está en la ley y se cumple con la ley. El problema es que el Instituto quiere ir más allá de lo que el legislador estableció, sin razón que lo justifique. La consecuencia es grave. Son municipios que representan alrededor del 60% del electorado, y el árbitro pretende definir por adelantado quién puede encabezar las boletas. Con eso le quita a los partidos una decisión que les pertenece y le restringe a la ciudadanía derechos que la ley no limita. Jalisco es la advertencia: la Sala Superior revocó una medida similar. Chihuahua no tiene por qué aprender la lección a golpes de tribunal. Cuando la autoridad inventa reglas, deja de ser árbitro y se convierte en jugador.
