La Federación no quita el dedo del renglón y, con la agenda política en mano, ya sacó la libreta de citas. La FGR ha decidido armar un viaje al sur de México para 50 personas que serán convocadas para explicar qué hacían elementos de la CIA operando en la Sierra de Chihuahua. Sí, 50 testimonios para un caso que, irónicamente, nació del éxito de desmantelar un laboratorio histórico para el narco, pero que hoy huele más a persecución que a medalla. La duda que hoy carcome no es el número —ese ya nos lo soltaron para asustar— sino a quiénes sentarán realmente en el banquillo. ¿Se atreverán a mandar llamar al titular de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany? ¿O la mira está puesta directamente en el exfiscal César Jáuregui, quien fue el primero en dar la cara tras el operativo? La moneda también está en el aire para el nuevo fiscal, Francisco Sáenz Soto, quien apenas se va sentando. O acaso la jugada llegará hasta el despacho de la Gobernadora Maru Campos, porque en política no hay coincidencias y es obvio que la intención es estirar la liga lo más posible. Habrá que ver si el vocero y fiscal federal, Ulises Lara, resulta tan machín como para darnos la sorpresa y traer a declarar a los dos agentes gringos que están vivos y de los que nadie sabe su paradero. Si de buscar la verdad se trata, ¿Quién mejor que ellos para contar la historia? Pero no nos engañemos, aquí queda claro que en la Ciudad de México están más interesados en castigar la colaboración con extranjeros que en el desmantelamiento del laboratorio mismo. El caso ha sido explotado, manoseado y hasta satanizado. No parece que lo vayan a soltar pronto; esta lista de los 50 es apenas el primer capítulo de un expediente que parece no buscar una lección de justicia, sino un jugoso dividendo político.
