Después de trece meses en prisión, un juzgado federal ordenó la liberación de Pedro Augusto Domínguez. Su detención estuvo marcada por infinidad de señalamientos de irregularidades y nepotismo dentro del Tribunal Superior de Justicia del estado. La decisión judicial evidenció la falta de pruebas en su contra y apuntó a una posible presión política detrás de su encarcelamiento. La resolución del juzgado federal no solo puso fin a su reclusión, sino que también abrió la puerta a cuestionamientos sobre el actuar del poder judicial estatal. Aunque la justicia muchas veces tarda en llegar, como en este caso, finalmente se hizo presente, dejando en evidencia que el proceso en su contra nunca tuvo sustento y sí, un cúmulo de vicios e irregularidades. La relación de la victima procesal con influyentes actores jurisdiccionales agravó el asunto.
