-Lo anterior tras la reciente sentencia contra un sacerdote por abuso sexual contra una menor
Ciudad Juárez.— La reciente condena de cuatro años y diez meses de prisión contra el sacerdote católico Eliseo R.S., por abuso sexual cometido contra una menor durante el sacramento de la confesión, ha encendido las alertas entre organizaciones de derechos humanos y defensoras de víctimas de violencia de género, quienes demandan a la Diócesis de Ciudad Juárez asumir su responsabilidad institucional y aplicar medidas preventivas eficaces.
Yadira Cortes, vocera de la organización civil Red Mesa de Mujeres, integrante del Movimiento de Mujeres en Ciudad Juárez, declaró que esta sentencia representa un paso significativo en el reconocimiento de la violencia sexual como una manifestación de poder estructural ejercida desde espacios religiosos, más allá de un acto delictivo individual.
“El juez Víctor Iván Rodríguez Trejo reconoció con claridad cómo el agresor utilizó la investidura religiosa y el contexto sagrado del ritual de la confesión para manipular y someter a la víctima.
Esta valoración rompe con la tendencia de individualizar la violencia sexual y la sitúa dentro del entramado de poder, silencio y encubrimiento característico de muchos casos dentro de instituciones religiosas”, señaló la activista.
Aunque la Fiscalía solicitaba una pena de 10 años, y la sentencia fue menor a cinco, Cortes enfatizó que la resolución incorpora elementos importantes como la reparación del daño, así como un exhorto a la Diócesis para revisar sus protocolos, limitar confesiones privadas y capacitar al clero en temas de prevención de violencia y abuso.
La defensora recordó que este no es un hecho aislado.
En años recientes, otros sacerdotes juarenses han sido acusados y procesados por agresión sexual.
“La víctima, una niña que acudió a confesarse antes de su primera comunión, fue colocada en una situación de doble vulnerabilidad; por su edad y por el contexto institucional que debió protegerla y falló”, indicó Cortes.
Agregó que existe una relación de poder basada en la autoridad incuestionable históricamente atribuida a líderes religiosos, especialmente hombres.
Organizaciones que integran el Movimiento de Mujeres en Ciudad Juárez han señalado que es momento de que la sociedad exija transparencia, justicia y mecanismos de protección reales dentro de las estructuras eclesiásticas.
Advierten que las medidas dictadas por el juez deben trascender el plano simbólico y traducirse en políticas internas claras, evaluables y supervisadas por organismos externos.
Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad a mantener la vigilancia y el acompañamiento a las víctimas, así como a exigir una cultura de cero tolerancia frente al abuso sexual dentro de instituciones religiosas.
