México.- Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los llamados “superdelegados” acumularon 209 denuncias por diversas irregularidades, desde uso indebido de los programas sociales, nepotismo y abuso de funciones, hasta manejo de la estructura de gobierno con fines electorales, pero la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que la gran mayoría no merecían ser castigadas.
Uno de los delegados contra los que había investigaciones desde entonces, era el de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, que asumió el cargo en diciembre de 2018. En noviembre de 2020 renunció para contender por el partido Morena a la gubernatura, acumuló 14 denuncias durante su gestión y todas fueron archivadas sin consecuencias.
De acuerdo con información obtenida vía ley de transparencia,181 expedientes de investigación concluyeron por acuerdo de archivo, es decir, que la autoridad no encontró los elementos suficientes para acreditar la falta administrativa.
En 11 expedientes, la SFP determinó que no era competente para conocer de los hechos, mientras que 16 más se encontraban todavía en investigación en el Órgano Interno de Control (OIC) radicado en la Secretaría de Bienestar, que depende de la Función Pública.
El único expediente donde la SFP reportó que había logrado una sanción fue el del delegado federal que despachaba en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Sonora antes de diciembre de 2018, es decir, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los titulares de las delegaciones estatales de programas para el desarrollo tuvieron un papel relevante, ya que fueron los encargados de coordinar y promover los programas sociales federales. Muchos de ellos, después de ostentar este cargo, buscaron alguna gubernatura o un escaño en el legislativo.
En los 32 estados del país hubo denuncias por la forma de operar los programas sociales. La entidad federativa con más quejas fue Aguascalientes, con 17 reclamos entre octubre de 2019 y marzo de 2022. En ese lapso estuvieron como delegados Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez, Nora Ruvalcaba Gámez y Silvia Licón Dávila. Consultada al respecto, Licón Dávila dijo que nunca recibió alguna notificación por parte del OIC.
En las dos centenas de expedientes de investigación que abrió la Función Pública tras las denuncias recibidas hay acusaciones por desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y de funciones, inscripción a programas sociales de forma condicionada, solicitud de dádivas o dinero a cambio de la prestación de un trámite o servicio, conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto, entre otros señalamientos.
Para este reportaje se obtuvo una base de datos con las investigaciones que iniciaron los OIC de la SFP en las 32 entidades del país, pero el gobierno clasificó como reservado el nombre de los delegados al considerar que darlos a conocer afectaría la imagen y el derecho a la intimidad de los servidores públicos. La medida fue avalada por el INAI tras un recurso de revisión interpuesto. Los nombres se obtuvieron al cruzar el estado, el cargo y el periodo de servicio.
Reclamos desde el interior
También se obtuvo una decena de expedientes de investigación donde se aprecian los escritos que originaron las denuncias y los estados donde se suscitaron los hechos. Muchas de éstas provienen de los servidores de la nación o empleados de la Secretaría de Bienestar inconformes con las irregularidades observadas dentro de las dependencias.
En una de las quejas, por ejemplo, una denunciante narró que renunció a su trabajo en la Secretaría del Bienestar a petición de Mauricio Hernández Núñez, quien estaba entonces de “superdelegado” en Guanajuato y a principios de este año asumió el mismo cargo, pero en Querétaro. Cuenta que llegó a un acuerdo con él para hacer campaña en favor de la Cuarta Transformación, a cambio de que él le otorgara un apoyo económico mensual y de que, posteriormente, pudiese ser contratada nuevamente, pero esto último no sucedió.
“Les escribo estas palabras porque fue una injusticia. Salí con un acuerdo que los ya mencionados no cumplieron. No me apoyaron económicamente, no me regresaron mi trabajo y ya no pude apoyar a mi pueblo”, se alcanza a leer en un documento sumamente testado entregado por la SFP.
Esta queja fue presentada en diciembre de 2021, pero tras la investigación que emprendió el OIC se desechó bajo el argumento de que no era competente para conocer sobre este asunto porque era de “naturaleza laboral”.
“Las cuestiones derivadas de la relación laboral o contractual que haya tenido con la Secretaría de Bienestar son cuestiones en materia de trabajo y, por ende, deberán de ser expuestas y sancionadas ante la instancia correspondiente”.
se lee en el acuerdo emitido el 30 de marzo de 2022.
Uno de los delegados contra los que había investigaciones desde entonces era el de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, que asumió el cargo en diciembre de 2018. En noviembre de 2020 renunció para contender por el partido Morena a la gubernatura.
En agosto de 2021, después de haber perdido en las elecciones de ese año ante María Eugenia Campos, se reintegró como delegado, donde finalmente estuvo hasta noviembre de 2023, cuando renunció para buscar un escaño en el Senado, el cual ganó por Morena.
De acuerdo con la información entregada por la SFP, vía solicitud de información, en el tiempo que estuvo como titular en Chihuahua acumuló 14 denuncias por abuso de autoridad, nepotismo, maltrato en la prestación de trámites e incumplimiento en las funciones encomendadas. Todas terminaron archivadas.
Públicamente también hubo denuncias en medios de comunicación contra Loera de la Rosa. Medios de Chihuahua difundieron testimonios de algunos servidores de la nación que lo acusaban de solapar una red de corrupción que vendía afiliaciones para que ciudadanos radicados en el extranjero pudieran ser beneficiarios de los programas del Bienestar.
Consultado sobre las denuncias, Loera de la Rosa aseguró que nunca se usó la estructura de Bienestar indebidamente y que una de las denuncias que provenía de un exservidor de la nación tenía un tufo político con la intención de manchar el trabajo que se hizo en la delegación.
“Eso es parte del golpeteo político… nosotros recibimos indicaciones del presidente López Obrador de que los delegados y toda la estructura ni opinábamos, ni siquiera participábamos en nuestro tiempo libre como afiliados de Morena”, afirmó.
Tomada de El Universal