Ciudad Juárez.- El 27 de marzo de 2023, un incendio devastador en la estación migratoria en el puente internacional Reforma, en la calle Rivas Guillén, cobró la vida de 40 migrantes extranjeros y dejó a 27 más con heridas graves y 15 mujeres sobrevivientes con estrés postraumático.
Las nacionalidades de las víctimas incluían personas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia.
Dos años después, la herida sigue abierta y las preguntas sobre justicia, rendición de cuentas y cambios estructurales permanecen sin respuestas satisfactorias.
Tras el incidente, se iniciaron procesos legales contra 11 personas, entre ellas ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM).
Francisco Garduño Yáñez, comisionado del INM, fue vinculado a proceso por presuntas omisiones en su deber de garantizar la seguridad en las instalaciones migratorias.
A pesar de ello, Garduño continuó en su cargo, lo que generó críticas de diversas organizaciones civiles que señalaron la falta de sentencias y avances significativos en el caso.
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que, 29 de las 40 familias de los migrantes fallecidos han recibido indemnizaciones.
Sin embargo, aún quedan pendientes 11 indemnizaciones, debido a procesos de acreditación de los beneficiarios. Además, se realizaron las gestiones para otorgar los montos correspondientes a los 27 migrantes heridos.
Francisco Garduño Yáñez fue vinculado a proceso en mayo de 2023 por presunto ejercicio ilícito del servicio público.
Durante las audiencias, se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio y ha la fecha no ha emitido una disculpa pública por lo sucedido.
El pasado 24 de enero, un juez federal le concedió al comisionado del INM la suspensión provisional del proceso penal en su contra a cambio de que cumpla con seis acciones, entre las que destacó pedir una disculpa pública a las víctimas en un mes, así como concluir, en un plazo de 18 meses, con la entregar de las compensaciones económicas del gobierno a las víctimas, vigilar un fideicomiso creado para depositar las indemnizaciones aún no entregadas, y supervisar las estancias migratorias una vez cada 90 días.
Unos días antes del vencimiento de los 30 días para que ofreciera la disculpa pública, el juez Víctor Manlio Hernández Calderón modificó ese plazo, dejándolo abierto para que se lleve a cabo en cualquier fecha dentro de los 18 meses de la suspensión condicional que se le otorgó.
Este cambio desató la inconformidad de las víctimas y sus familias, así como de los abogados de la Fundación para la Justicia, representantes de sobrevivientes y núcleos familiares de víctimas fallecidas, quienes consideran como ilegal e injustificada la intervención del juzgador para esta modificación, pero sobre todo por que ahora no se saben cuándo va ocurrir la disculpa pública.
Otros siete funcionarios de INM siguen vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el incendio en la estación migratoria, pero solo cuatro permanecen en prisión, se trata de Rodolfo C. de la T.; Daniel G.Y., y Gloria Liliana R. G. acusados por los delitos de homicidio y lesiones, así como Salvador G.G., quien fungía como titular de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua al momento de la tragedia, por los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.
Otros tres funcionarios del INM siguen el proceso penal en su contra en libertad, se trata de Daniel G.Y., quien al momento de ese hecho era el representante local Noroeste del INM, Eduardo A.M., quien se desempeñaba como jefe de Recursos Materiales del Instituto, y Juan Carlos M.C. que se dedicaba a la protección de migrantes como coordinador del Grupo Beta.
Antonio Molina Díaz, otro servidor público del instituto, también logró enfrentar el proceso en libertad acusado de ejercicio indebido de servicio público, pero presuntamente está evadido desde mayo del 2023.
Además están en prisión el guardia de seguridad privada Alan Omar P.V., y dos migrantes de Venezuela, Jeison D. C.R., y Carlos Eduardo C.R.
Las organizaciones civiles han denunciado la falta de sentencias y avances concretos en los procesos judiciales relacionados con el incendio.
Familiares de las víctimas han expresado su dolor y frustración ante la falta de justicia y reparación integral.
Señalan que, a pesar de las promesas gubernamentales, aún enfrentan dificultades económicas y emocionales derivadas de la pérdida de sus seres queridos.
En respuesta a la tragedia, el gobierno federal reactivó la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM) y elaboró una nueva estrategia integral de movilidad humana.
Esta se centra en el bienestar y la cooperación internacional para atender las causas de la migración, priorizando el bienestar de las personas migrantes sobre medidas punitivas.
El INM informó sobre la eliminación de candados en puertas internas de estaciones migratorias, instalación de equipos de extinción de incendios y detectores de humo, así como la colocación de puertas de emergencia y retiro de rejas.
Estas medidas buscan prevenir tragedias similares en el futuro.
La estación migratoria de Ciudad Juárez fue cerrada definitivamente tras el incendio, los migrantes son ahora alojados en albergues y centros gestionados por organizaciones civiles y autoridades locales.
Estos espacios buscan brindar atención humanitaria y condiciones dignas a las personas en tránsito.
*Actividades programadas*
Para conmemorar el segundo aniversario de la tragedia, se han organizado diversas actividades en la ciudad, incluyendo vigilias, misas y actos simbólicos en memoria de las víctimas.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de migrantes han convocado a estas acciones para exigir justicia y recordar la importancia de proteger los derechos de las personas migrantes.
A dos años del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, persisten desafíos en la búsqueda de justicia y en la implementación de políticas migratorias que garanticen la seguridad y dignidad de las personas en tránsito.
Es fundamental que las autoridades continúen trabajando en la reparación integral del daño y en la prevención de futuras tragedias.
