Del banquillo a la toga; la polémica llegada de Silvia Delgado al Poder Judicial

Ciudad Juárez.- Hace casi una década, la abogada Silvia Rocío Delgado García se encontraba en una de las trincheras más visibles del sistema penal mexicano, representando en audiencias judiciales al entonces líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, mientras este se encontraba preso en el penal de máxima seguridad de Ciudad Juárez. 

Hoy, ese mismo sistema que alguna vez la tuvo como litigante defensora en uno de los casos más emblemáticos del narcotráfico, la ha colocado entre las juezas penales de primera instancia con más votos del Distrito Judicial Bravos.

Con 23 mil 605 sufragios a su favor, Delgado García fue la segunda aspirante más votada en Ciudad Juárez durante las inéditas elecciones judiciales celebradas el pasado 1 de junio, solo por debajo de Norma Angélica Aguilar Castañeda, quien obtuvo 25 mil 406 votos.

 Ambas candidatas se posicionaron sin formar parte de los listados o "acordeones" difundidos por los partidos de la 4T ni de la oposición, lo cual sorprendió a más de un observador político y judicial.

La elección de jueces mediante el voto popular fue una de las reformas más controversiales impulsadas por el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo la bandera del combate a la corrupción y el acercamiento de la justicia al pueblo. 

Sin embargo, el proceso fue duramente criticado tanto por sectores académicos como por organizaciones civiles y organismos internacionales como la OEA, que señalaron una preocupante baja participación ciudadana —solo el 13 por ciento del padrón electoral acudió a las urnas— y un alto riesgo de politización e infiltración de intereses oscuros en el Poder Judicial. En ese contexto, el nombre de Silvia Delgado se convirtió en el centro de un encendido debate público.

Durante una entrevista concedida en abril pasado, en plena campaña, Delgado reconoció que formó parte del equipo legal que asistió a Joaquín Guzmán durante su estancia en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Ciudad Juárez, en 2016, cuando se encontraba a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. 
En ese entonces, dijo, fue contactada por el propio Refugio Rodríguez, abogado principal del capo, a través del entonces director de la Casa de la Cultura Jurídica local.

“Para mí no es un estigma, para mí sigue siendo orgullo haber representado al ‘Chapo’”, dijo con convicción. 
“Mucha gente quería estar ahí. Yo fui la favorecida. No me arrepiento porque mi huella como profesionista ya existe, y ya existe mundialmente.”
Delgado aseguró que su participación se limitó a una audiencia —interrumpida por un apagón— y a visitas semanales durante seis meses. 
“Si a mí me dan un cliente de esa magnitud, yo sabía que curricularmente a mí me iba a beneficiar”, señaló.

Silvia Delgado tiene 51 años, es licenciada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y maestra en Amparo por la Universidad de Durango. En la plataforma “Conóceles”, donde los aspirantes judiciales compartieron su perfil profesional, destacó su experiencia de más de 18 años en litigio penal, civil, mercantil, familiar y laboral, así como su paso por la docencia en la Academia de Policía Estatal y el Centro Cultural Universitario.
En su propuesta de visión judicial, aseguró tener “temple para tomar decisiones de manera imparcial” y estar preparada para desempeñar el cargo con autonomía. 

Sin embargo, para críticos como la asociación local Defensorxs, su postulación representa un riesgo.
“Una persona que defendió a un líder del narcotráfico, por más derecho constitucional que tenga a ejercer su profesión, genera preocupaciones cuando postula a un cargo que debe garantizar la imparcialidad del Estado frente al crimen organizado”, señaló la organización en un comunicado.

La reforma judicial que permitió a ciudadanos elegir directamente a jueces fue celebrada por algunos como un parteaguas en la democratización del Poder Judicial, pero también encendió alertas sobre su viabilidad. 
A diferencia de sistemas en los que los jueces son designados por méritos académicos y trayectoria judicial verificable, este modelo expuso los procesos a la popularidad, las campañas políticas —muchas financiadas sin transparencia— y los riesgos de cooptación por parte de actores con intereses criminales o partidistas.

“La justicia no puede estar sujeta a campañas, a slogans o a percepciones”, comentó en su momento el exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío. “El juez debe ser imparcial, independiente, y eso no se logra necesariamente por mayoría de votos.”

El futuro incierto de una jueza polémica
Silvia Delgado ya fue convocada a recoger su constancia como jueza electa. 
Aunque no ha respondido públicamente tras conocerse su victoria, durante la campaña insistió en su vocación y preparación.

“Soy una ciudadana que cree en el Derecho, que está sumamente preparada para ejercer el cargo y que pretende ser imparcial en las resoluciones que emita”, declaró.
Ahora, el reto de Delgado será demostrar, desde la tribuna judicial, que su pasado no condiciona su presente. 
Su desempeño será seguido con lupa en un contexto nacional donde la ciudadanía, la academia y los organismos internacionales observan con escepticismo la entrada de una nueva generación de jueces electos a las cortes mexicanas.

La historia de Silvia Delgado no solo marca un hito personal en su carrera, sino que también se convierte en símbolo del complejo momento que vive el sistema judicial mexicano. 
En una ciudad como Juárez, donde la violencia y la impunidad han sido constantes, la figura de quien alguna vez representó al narcotraficante más poderoso del país y ahora juzgará delitos penales en su nombre, será difícil de ignorar.

¿Es esta la promesa de un nuevo poder judicial más abierto y democrático? ¿O es la advertencia de una justicia más vulnerable al poder de las redes, la política… y el crimen? Solo el tiempo y los fallos de juezas como Silvia Delgado responderán a esa pregunta.