El crimen organizado desde el gobierno: desaparición forzada y ejecución del periodista Alfredo Jiménez Mota

Por Guadalupe Lizárraga. Los Angeles Press

El sábado 2 de abril del año 2005, en Hermosillo, Sonora, fue desaparecido el periodista Alfredo Jiménez Mota, de 25 años, originario de Empalme; reportero que investigaba el tráfico de drogas y el crimen organizado para el periódico local El Imparcial.

Fue una de las primeras víctimas contra la libertad de prensa bajo el gobierno federal del PAN, encabezado por Vicente Fox, en la llamada guerra contra el narcotráfico, y durante el gobierno estatal del PRI, bajo el mandato de Eduardo Bours Castelo.

En ese año, tres meses antes, Jiménez Mota había publicado un artículo titulado “Los Tres Caballeros”, en referencia a los hermanos Beltrán Leyva que lideraban el trasiego de la droga con la participación de autoridades de los diferentes niveles de gobierno y el grupo delictivo “Los Números o Los Güeritos”, bajo el liderazgo de Raúl Enríquez Parra. La información publicada en el libro El Cártel Incómodo, de José Reveles en 2009, y en diferentes medios, especifica que el artículo de Jiménez Mota se basaba en un informe del CISEN, que seguía las pistas de los Beltrán y su relación con el alcalde de Cajeme, Ricardo Bours Castelo, a quien le decía “El jefe”.

Incluso, la revista Proceso, en enero de 2007, publicó que la desaparición del periodista Jiménez Mota había sido ordenada para evitar que publicara “unas grabaciones de llamadas telefónicas que esperaba recibir, en las que se exponían los vínculos entre Roberto Tapia Chan, director de la Policía Judicial del Estado; Raúl Enríquez Parra, jefe de la banda de Los Güeritos o Los Números —asesinado en octubre de 2005— y Ricardo Bours Castelo, hermano del entonces gobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours Castelo”.

Después de 17 años y 22 líneas de investigación sobre este crimen que generó una fuerte presión internacional a México, en la información pública se destaca que la desaparición del periodista fue una desaparición forzada por la participación de manera directa e indirecta de servidores públicos que desempeñaban funciones dentro de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) bajo la gestión como delegado de Carlos Albert Herrera Flores, quien tuvo a su mando durante nueve meses al subdelegado Raúl Fernando Rojas Galván. Pero también de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) bajo la gestión de Abel Murrieta Gutiérrez, y su subalterno Roberto Tapia Chan, entonces director de la Policía Judicial del Estado.

Raúl Fernando Rojas Galván, persona de interés

En el expediente judicial PGR/SIEDO/UEIS/177/2005, Raúl Fernando Rojas Galván aparece como la persona con quien se comunicó por última vez con Alfredo Jiménez Mota, a las 23:04 del sábado 2 de abril de 2005, según el registro de llamadas en la línea telefónica del periodista, por lo que el funcionario fue señalado como uno de los sospechosos del crimen “por haberle filtrado información”, y se le pidió su renuncia el 4 de mayo de 2005. Para el 7 de junio de ese mismo año, sin embargo, José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la SIEDO, dijo que Rojas Galván había sido trasladado a las oficinas centrales de la PGR.

Durante los siguientes años a fechas recientes, Rojas Galván ha estado activo como servidor público, sin declaraciones patrimoniales. En 2015 y 2016, como agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Robo con Violencia y Cuantía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, enfrentó una serie demandas, y en 2020 se amparó jurídicamente contra la evaluación del Centro de Control y Confianza del Estado de México, un organismo gubernamental que evalúa en capacidad, confianza y análisis toxicológicos a servidores públicos interesados en incorporarse a organismos de seguridad pública.

Hasta la fecha, Rojas Galván no aparece como ‘persona de interés’ en el caso Jiménez Mota, y su impunidad se ha garantizado, pese a los múltiples señalamientos de medios, periodistas y evidencias documentales publicados a lo largo de 17 años, y de haber sido la última llamada telefónica en las pocas horas de vida que le quedaban al periodista de Sonora.

Andrés Montoya García, persona de interés

De acuerdo con una de las líneas de investigación, Andrés Montoya García, quien en 2005 se desempeñaba como subdirector del Sistema Estatal Penitenciario fue la última persona en ver con vida al reportero Alfredo Jiménez Mota. Sin embargo, en su declaración ministerial solo afirma que habló con el periodista sobre el caso de David Garzón Anguiano, «El estudiante» que estaba próximo a su liberación, y que lo dejó en Soriana. Serían pasadas las 10 de la noche. Posterior a ello, el periodista tuvo la llamada de Raúl Fernando Rojas Galván.

El sitio digital Proyecto Impunidad, especifica que el 2 de abril de 2005, Alfredo Jiménez Mota se retiró del diario El Imparcial a las 8:45 p.m. “Desde su casa llamó a su colega Shaila Rosagel. Quedaron en encontrase más tarde, en torno a las 10 de la noche, pero antes vería a uno de sus ‘contactos’, el subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, Andrés Montoya García”. El encuentro se llevó a cabo, según lo confirmado por el funcionario y en su declaración ministerial sostuvo “que dejó al periodista en un supermercado y éste le habría comentado que tenía que ver a otro contacto”.

No obstante, resulta inverosímil que el periodista de investigación se reuniera en un sábado por la noche, sin precaución y después de haber sido perseguido, para hablar con un funcionario responsable de las cárceles solo de «un tema del que ya había escrito en el periódico», tal como lo atestiguó su compañera Sheila Rosagel. Pero para la instancia investigadora del caso, el solo dicho del funcionario fue suficiente para no indagar más.

Pese a ser señalado reiteradamente como persona de interés en el crimen contra el periodista, Montoya García siguió escalando en su carrera política y jurídica, y ocupó cargos de asesor del gobierno municipal, actuario, secretario de Acuerdos, hasta llegar a la Secretaría General del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.

En enero de 2018, se postuló sin éxito a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, y en septiembre 2021, su aspiración se enfocó en la dirección de Seguridad Pública Municipal, en Hermosillo, pero fue también fue descalificado por el Cabildo al considerar que no cumplía el perfil para ocupar el cargo.

Sin embargo, el camino de su hermano fue más trágico. José Antonio Montoya García, alias El Montoyita, agente de la Policía Judicial del Estado, quien había sido señalado como autor material del “levantón” del periodista Alfredo Jiménez Mota e incluso de haber participado en su ejecución fue asesinado el 7  de septiembre de 2006.

 

La red judicial para silenciar al periodista

El Montoyita había utilizado vehículos oficiales de la Policía Judicial del Estado para perpetrar la detención ilegal de Alfredo Jiménez Mota. El único momento en que pudo ocurrir este “levantón” por parte del agente José Antonio Montoya, fue en el lugar donde lo dejó su hermano Andrés Montoya, en el supermercado, debido que el siguiente punto donde pararía el periodista sería en el bar, con sus colegas que lo esperaban. En ese ínter se registró la llamada entre Alfredo y el subdelegado de la PGR Fernando Rojas Galván, a las 23:04 horas. Y de allí fue privado de su libertad.

Junto con José Antonio Montoya García, de la misma corporación policial, fueron identificados el comandante Ramón Valle Simentel detenido en  una narco fiesta en la comunidad de El Tobarito en junio de 2004, quien desde 2003 estaba al frente de la Policía Judicial del Estado en la base de Empalme.

También estaba el comandante Juan Gabriel Vázquez Nido, quien ya había sido detenido en un punto de revisión militar en Potam por miembros de la SEDENA tras ser sorprendido en una unidad oficial transportando una fuerte suma de dinero en dólares americanos en compañía de un civil, donde ambos iban armados.

Así mismo, Pedro Emigdio Córdova Herrera, alias “El Pachi”, quien había sido ascendido como jefe de grupo de la Policía Estatal Investigadora, acribillado en Hermosillo, el 17 de mayo de 2007. Meses antes, en septiembre de 2006, ya había sufrido un atentado del que solo tuvo una herida en la espalda.

En los medios locales, trascendía que el mismo jefe policial Córdova Herrera se ostentaba de ser compadre de Daniel Irene Enríquez Parra, alias El 15, ejecutado en Tijuana, Baja California, en enero de 2005, integrante del grupo Los Números o Los Güeritos. Otros tres agentes que habrían participado eran Saúl Orduño, Benito Sánchez Lara y Julio Gutiérrez, ejecutados en Cajeme.

De acuerdo con la información recogida, todos ellos servían al mismo grupo delictivo identificado como “Los Números o Los Güeritos”, y habrían participado en el traslado del periodista Jiménez Mota a una pista entre las comunidades de San Pedro El Saucito y el municipio de Ures, donde firmaba como jefe de grupo de la PJE el comandante Juan Gabriel Vázquez Nido.

Según declaraciones en el expediente, este comandante fue quien se encargó de subir al periodista a una aeronave para su traslado a un rancho en las inmediaciones de San Bernardo, Álamos, donde según testimonios fue torturado y posteriormente llevado a Ciudad Obregón, donde habría sido sepultado clandestinamente.

Los mandos

Abel Murrieta Gutiérrez, asesinado el 13 de mayo de 2021, fue el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado durante el sexenio de Eduardo Bours Castelo, periodo en el que se perpetró el crimen contra el periodista. Su subalterno era Roberto Tapia Chan, director de la entonces Policía Judicial del Estado, junto con el comandante Manuel Ángel Barrios Macario, subjefe de la corporación, quien hasta el 23 de julio de 2021 ostentaba el mando, desde la Dirección General de la hoy llamada Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Roberto Tapia Chan ha sido reiteradamente mencionado de estar relacionado con el narcotráfico y con la desaparición del periodista. Incluso, siendo director de la Policía Estatal Preventiva, fue señalado por las hermanas Elvia y Johana Palma Morquecho, dos mujeres que estuvieron secuestradas, según su denuncia, en la misma casa de seguridad que tenían al reportero.

Pero desde el año de 1991, cuando Tapia Chan era director de Averiguaciones Previas de la PGJE, ya se mencionaba de su protección al narcotráfico por desaparecer el expediente judicial del narcotraficante Jaime González Gutiérrez, alias el Jaimillo, junto con los entonces subprocuradores Carlos Castillo Ortega y José Francisco Leyva Gómez.

Para 1996, siendo Director de Seguridad Publica en Navojoa, se le identificó en la protección de narcotraficantes y se le responsabilizó en el crecimiento de la delincuencia local.

Una nueva mención de su nombre fue en el documento del CISEN, en el que basó la información Jiménez Mota y alude a la protección que daba a la organización de los Beltrán Leyva –en ese tiempo todavía socios del Chapo Guzmán y parte del Cártel de Sinaloa–  por parte de los gobiernos locales.

“Los hermanos Beltrán Leyva han operado bajo la protección de autoridades de los tres niveles de gobierno. Destacan los funcionarios incluidos en la administración estatal que inició actividades el 13 de septiembre de 2003, que en el pasado fueron asociados con el crimen organizado, como Roberto Tapia Chan, (ex) director de la Policía Judicial del Estado (PJE), y Abel Murrieta Gutiérrez, subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General del Estado (actual procurador)…

“Quienes en el pasado coexistieron dentro de la PGJE y en diferentes tiempos fueron los responsables de la seguridad pública en Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, ayuntamiento en donde se reagruparon en el año 2000 siendo presidente municipal Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del hoy gobernador José Eduardo Robinson Bours Castelo…”.

La carta y otras confesiones

En varios blogs de noticias sobre narcotráfico en Sonora y en el libro El Cártel Incómodo, del periodista José Reveles, se reproduce el testimonio de Saúl García Gaxiola, a quien menciona por la coincidencia de apellidos y origen como probable hermano del comandante Rodolfo García Gaxiola, exdelegado de la Policía Judicial Federal, acribillado en 1998, en Ciudad Obregón.

En el testimonio de la carta se describe el recorrido de los victimarios del periodista, las torturas y finalmente su asesinato; así como la participación de al menos 40 personas nombrados por sus alias o sus nombres completos, en su mayoría miembros de una organización policial.

Otra de las denuncias fue la del teniente Jesús Francisco Ayala Valenzuela, policía municipal, el 17 de enero de 2007, en contra de Luis Octavio Gastelúm Villegas, de los oficiales de la policía judicial Ricardo Tapia Chan y Pedro Córdova Herrera, del fiscal Abel Murrieta y, sobre todo, de Ricardo Bours Castelo, hermano del ex gobernador de Sonora, Eduardo Robinson Bours, como autores intelectuales del secuestro de Alfredo Jiménez Mota. De inmediato, fue desacreditado por el propio exgobernador y dijo que era una campaña negra contra su gobierno. Pero un mes después, los medios de la región replicaban el 21 de mayo de 2007,  que miembros del 73 Batallón de Infantería de la IV Zona Militar habían incautado 136 paquetes en bolsas de plástico con cocaína y 11 con cristal, en una revisión realizada en el Precos de Benjamín Hill a un camión de Transportes Refrigerados Maciza, que transportaba pollos Bachoco, propiedad del exgobernador.

Los nombres y apellidos que daba Ayala Valenzuela sobre los presuntos responsables del crimen contra Alfredo Jiménez Mota, volvían a ser los mismos que ignoraba la PGR, bajo la gestión de Eduardo Medina Mora, quien hablaba con Bours para acordar sobre los retenes de su mercancía.

Con la ventaja que da el tiempo, hoy se sabe que desde 2001, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, ya estaban trabajando con el narcotráfico, mientras se simulaba el combate.

El 2000 y otros números

En la carta-denuncia entregada al exgobernador Eduardo Bours, por parte de Saúl García Gaxiola, se alude al “Señor 2000”, como uno de los principales mandos de la organización criminal Los Números y de los Beltrán Leyva. Se trata de Francisco Hernández García, alias El 2000, El Panchillo o el Chapito Hernández, quien -según la fuente- organizaba, coordinaba y dirigía a la mayoría del personal reclutado de entre las filas de las corporaciones policiales.

Fue detenido el 4 de noviembre de 2011, y desde entonces se encuentra preso en un centro de detención federal por crímenes de delincuencia organizada, pero se presume que él podría aportar datos precisos para la localización del cuerpo del periodista, porque era parte principal de la cadena de mando en la perpetración de este crimen.

Sobre el grupo criminal de Los Números o Los Güeritos, se mencionan a Raúl Enríquez Parra alias El 9, líder del grupo, asesinado el 22 de octubre de 2005. De su hermano, Ildefonso Enríquez Parra, alias el 10, existe registro judicial de que un mes antes de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, tramitó un amparo indirecto, con el número de expediente 852/2005, en contra del Secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega García, en el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Sonora en Quinto Circuito. Por una parte, corre la información de que reside en Denver, Colorado, pero el sitio digital Border Reporter, asegura que fue secuestrado por policías federales en 2007, y ya no salió con vida. Daniel Irene Enríquez Parra alias El 15, como se mencionó líneas arriba, fue ejecutado en enero de 2005, en Tijuana, Baja California.

Con respecto a Wilfredo Enríquez Parra, alias El 11, Border Reporter, señala que es el único hermano de Los Güeritos que “quedó vivo y libre” y radica en Estados Unidos. Wilfrido también tramitó un amparo indirecto, meses después del crimen contra el periodista bajo el número 854/2005, promovido en contra del subprocurador de Averiguaciones Previas, de la Policía Judicial del Estado, en Hermosillo, Sonora, en el Juzgado Octavo de Distrito. El proceso había sido iniciado el 26 de septiembre de 2005.

La organización tenía como persona de confianza o principal brazo ejecutor a Wenceslao Terán Anaya, alias El 24, El Tecate o El Cheyas. Fue señalado como la persona responsable de haber recibido en su casa de Villa Itson, a los policías que llevaban al periodista, donde lo estuvieron interrogando y torturando hasta su muerte para después sepultarlo de manera clandestina.

«Subimos al periodista a una Sonora blanca trasladándolo en compañía de nosotros a la Villa Itson, a la casa del Cheyas. Las calles no me es posible recordar ya que no estoy familiarizado con ellas. En este domicilio 10 estuvieron interrogándolo. El Chapito Montoya le preguntaba el nombre de la persona que le daba información de Raúl Parra Enríquez (o Enríquez Parra alias el Nueve), y él solamente contestaba que le llegaba información anónima.» José Reveles, El Cartel Incómodo, Ramdon House, 2009.

El Cheyas tenía bajo su mando a Rey David Armendáriz González, alias El Charo, quien tenía su domicilio en la Colonia Francisco Villa, en Navojoa, Sonora. Traía su propio grupo de jóvenes para secuestrar y ejecutar a miembros de grupos rivales de la ciudad, entre los que fueron identificados Luis Parra Cruz, alias El Borrego, radicado en Phoenix, Arizona; José Darey Castro Borbón, artista musical del género grupero radicado en Los Ángeles, California, y su tío Romel Castro Trasviña. Todos mencionados en las diferentes líneas de investigación sobre la desaparición de Alfredo Jiménez Mota.

De los miembros de las corporaciones policiales la mayoría han sido asesinados. Solo quedan cuatro nombres de relevancia y en completa impunidad: Raúl Fernando Rojas Galván, Andrés Montoya García, Roberto Tapia Chan y “el jefe” Ricardo Bours Castelo.