- Del autobús que recogía pasajeros sin boleto a los automóviles particulares que transportan personas, mercancías y hasta animales. El entronque del kilómetro 20 se ha convertido en una terminal informal
Ciudad Juárez.- En el entronque de los kilómetros, al sur de Ciudad Juárez, el movimiento no se detiene. Automóviles particulares, camionetas familiares y unidades de distintas capacidades se han convertido en una alternativa de transporte para quienes necesitan viajar hacia la capital del estado y otros municipios de Chihuahua.
No hay necesariamente una taquilla, un boleto expedido por una empresa establecida ni una terminal convencional; tofo ae maneja digitalmente por WhatsApp o telefónicamente.
En muchos casos, basta con encontrar al conductor, negociar el costo y ocupar un asiento.
Los usuarios son de todas las edades, trabajadores, estudiantes, comerciantes, adultos mayores y familias que buscan llegar a su destino sin sujetarse a los horarios de los autobuses tradicionales.
Para ellos, la principal ventaja es práctica; ahorrar tiempo, reducir gastos o viajar en unidades más cómodas, frecuentemente con aire acondicionado y menor número de pasajeros.
Pero detrás de esa aparente modernización del transporte carretero se desarrolla un fenómeno económico y social que plantea preguntas mucho más delicadas.
¿Quién autoriza las salidas? ¿Qué autoridad verifica las condiciones mecánicas? ¿Los pasajeros están asegurados? ¿Quién responde por un accidente, una desaparición de mercancía o un viaje que nunca llega a su destino?
La discusión dejó de ser exclusivamente comercial.
Lo que ocurre en el kilómetro 20 exhibe los límites de la vigilancia del transporte interurbano, la transformación de los hábitos de movilidad y la capacidad de los particulares para organizar un mercado paralelo al de las empresas legalmente establecidas.
La historia no comenzó con Uber, las redes sociales ni las aplicaciones digitales.
Tiene antecedentes en una práctica que durante años fue conocida entre los viajeros que salían de Ciudad Juárez, los autobuses foráneos que recogían pasajeros en los kilómetros, después de salir de la Central Camionera.
En esa modalidad, algunos operadores aceptaban personas fuera de los puntos oficiales de venta y, según los relatos sobre esta práctica, cobraban directamente el pasaje sin documentarlo ante la empresa.
Se trataba de una forma de ingreso adicional para el conductor, aunque no puede suponerse que todos los autobuses o choferes incurrieran en esa conducta.
Con el paso de los años apareció una segunda modalidad, los llamados camiones piratas.
Unidades de pasajeros y empresas informales comenzaron a ofrecer recorridos hacia diferentes entidades del país, frecuentemente con tarifas más accesibles y puntos de salida alternativos.
La tercera transformación llegó con los automóviles particulares.
Primero fueron los conocidos raites, luego las camionetas familiares y, finalmente, una oferta de viajes compartidos que reúne pasajeros con destinos similares para distribuir el costo del traslado.
Ya en junio de 2023, el entonces gerente de la Central Camionera de Ciudad Juárez, Manuel Alfaro, denunciaba que los llamados ubers piratas afectaban a las empresas formales.
Según sus declaraciones, algunos días se concentraban entre 15 y 20 automóviles en la glorieta del kilómetro 20, preparados para recoger pasajeros hacia Chihuahua y otros municipios.
Era una observación de aquel periodo, no un censo vigente en 2026.
En diciembre de 2025, nuevos reportes periodísticos documentaron la permanencia de las camionetas de transporte irregular en esa misma zona, particularmente cuando la demanda de viajes superaba la disponibilidad inmediata de servicios convencionales.
La evolución del negocio revela una constante, mientras exista demanda de desplazamientos rápidos y accesibles, surgirán operadores dispuestos a cubrirla, con o sin los permisos correspondientes.
Pasajeros, sobres, mercancías y hasta gallos: un negocio que se diversifica
El nuevo mercado ya no depende exclusivamente de vender asientos.
Los automóviles de viaje compartido también funcionan como un sistema informal de mensajería, paquetería y traslado de mercancías.
La oferta descrita en torno a este servicio incluye desde documentos y sobres hasta ropa, alimentos, paquetes comerciales, objetos voluminosos y animales vivos, entre ellos gallos.
Esta actividad requiere una revisión específica, porque no existen cifras públicas verificadas que permitan determinar cuántos operadores transportan mercancías ni qué proporción de sus ingresos procede de la carga.
La principal ventaja para los pequeños comerciantes es la flexibilidad.
Un paquete puede salir con el siguiente vehículo disponible y ser recibido directamente por su destinatario, sin depender necesariamente de los horarios de una empresa de mensajería.
Sin embargo, esa misma informalidad puede convertirse en un problema.
Un automóvil diseñado para transportar pasajeros no necesariamente cuenta con el espacio, las condiciones de sujeción, la ventilación o las autorizaciones requeridas para trasladar determinados tipos de carga.
Los objetos pesados mal asegurados pueden convertirse en proyectiles durante una frenada o colisión.
El movimiento de animales vivos plantea problemas adicionales, bienestar animal, condiciones sanitarias, documentación de procedencia y restricciones específicas según la especie, el propósito y el trayecto.
En el caso de los gallos, transportarlos no constituye por sí mismo un delito; su legalidad depende de las circunstancias y de las normas aplicables.
La posibilidad de introducir mercancía de origen desconocido también genera riesgos para conductores y pasajeros.
Sin controles adecuados, un chofer podría aceptar transportar sustancias prohibidas, objetos robados u otros artículos ilícitos sin conocer su contenido.
Se trata de una vulnerabilidad potencial, no de una acusación general contra los operadores.
El problema central es que, cuando un vehículo mezcla transporte de personas con servicios comerciales de carga, deben comprobarse las autorizaciones y coberturas correspondientes a cada actividad.
Las cifras detrás del fenómeno, cuánto dinero mueve el transporte informal
Uno de los principales problemas para dimensionar este mercado es la ausencia de un padrón público actualizado que identifique cuántos vehículos operan desde el kilómetro 20, cuántos viajes realizan diariamente, qué ingresos generan y cuántos cuentan con permisos y seguros.
A octubre del año en curso se documentan tarifas de aproximadamente 600 pesos por persona para la ruta Juárez–Chihuahua, 400 pesos hacia Delicias y 850 pesos hacia Parral.
También revela otra dimensión, parte de estos ingresos no se declara ante las autoridades fiscales, y existe un incumplimiento tributario y competencia desigual.
La demanda tiene una explicación: una ciudad que busca alternativas
El auge del automóvil compartido no puede explicarse únicamente por la búsqueda de ganancias de sus operadores.
También responde a la insatisfacción de sectores de la población con el transporte convencional y a la necesidad de contar con opciones flexibles.
El informe Así Estamos Juárez 2025, elaborado por Plan Estratégico de Juárez con datos de su encuesta de 2024, ofrece un panorama revelador:
52.1%, Mencionó el automóvil como principal medio de transporte para cualquier destino.
11.7%, Mencionó aplicaciones de transporte como Uber.
5.4/10, La calificación promedio otorgada a los autobuses tradicionales.
Las cifras ayudan a entender por qué los automóviles particulares se han consolidado como una alternativa de movilidad.
Aunque el traslado urbano y el interurbano son mercados diferentes, ambos reflejan la demanda de servicios accesibles, cómodos y adaptados a los horarios de los usuarios.
El atractivo comercial de los vehículos compartidos radica en que suelen ofrecer salidas frecuentes, menores tiempos de espera y mayor flexibilidad para transportar equipaje.
Pero la comodidad de un automóvil moderno no equivale necesariamente a seguridad carretera.
Un vehículo puede tener aire acondicionado, asientos en buenas condiciones y excelente apariencia, sin reunir los requisitos legales y técnicos para transportar pasajeros comercialmente.
La ley existe; el desafío es verificar quién la cumple
La actividad no ocurre en una ausencia absoluta de normas.
La Ley de Transporte del Estado de Chihuahua regula distintas modalidades de servicio de pasajeros, carga y transporte mixto.
Además, contempla obligaciones específicas para las empresas de redes de transporte que operan mediante plataformas tecnológicas.
En el ámbito federal, el artículo 8 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece la necesidad de permisos para diversos servicios de autotransporte federal de carga, pasaje, turismo y mensajería.
La clasificación jurídica concreta de cada operación depende de su modalidad y de las vías donde se presta el servicio.
Las normas estatales para plataformas contemplan, entre otras obligaciones, pólizas de seguro, registro de vehículos y conductores, información sobre los viajes y mecanismos de colaboración con las autoridades.
Sin embargo, identificarse coloquialmente como Uber no significa que un viaje esté efectivamente registrado, contratado o asegurado a través de esa plataforma.
La distinción resulta fundamental. No es lo mismo que una persona comparta ocasionalmente su automóvil y los gastos de un desplazamiento, que organizar un servicio comercial permanente con tarifas, bases de operación y captación habitual de pasajeros.
Tampoco puede determinarse que todos los conductores del kilómetro 20 trabajan ilegalmente sin comprobar su situación individual.
La autoridad debe explicar cuáles vehículos tienen autorización, bajo qué modalidad operan y cómo se supervisa el cumplimiento de sus obligaciones.
Los riesgos que asume el pasajero
Detrás de cada viaje existen responsabilidades que muchas veces pasan inadvertidas hasta que ocurre una emergencia.
Uno de los aspectos más delicados es la cobertura de los seguros.
Una póliza de uso particular no necesariamente cubre la prestación habitual de transporte remunerado de pasajeros.
Las condiciones dependen del contrato y de la modalidad declarada a la aseguradora.
También existe un problema de trazabilidad.
Cuando una familia entrega a uno de sus integrantes a un conductor particular, ¿qué información conserva sobre la persona que lo transporta? ¿Hay registro de placas, identificación, hora de salida, ruta y contacto de emergencia?
Cuando no existe un sistema que concentre estos datos, responder ante un accidente o cualquier otro incidente puede resultar considerablemente más complicado.
Los operativos ya llegaron, pero el negocio continúa
El 27 de enero de 2026, medios locales informaron sobre un operativo de autoridades federales para revisar vehículos que transportaban pasajeros entre Ciudad Juárez y Chihuahua.
Las revisiones se concentraron en el corredor Juárez–Ahumada, donde fueron identificados automóviles relacionados con las bases del kilómetro 20, en Ciudad Juárez, y el área del parque Pistolas Meneses, en Chihuahua capital.
De acuerdo con los reportes, agentes federales señalaron que el propósito era revisar operaciones presuntamente irregulares y atender quejas relacionadas con estos servicios.
No era un fenómeno desconocido para las instituciones.
Desde marzo de 2024 ya se habían documentado revisiones de autoridades federales a los llamados ubers viajeros del kilómetro 20.
Por su parte, la Subsecretaría de Transporte del Estado informó el 27 de agosto de 2025 sobre el aseguramiento de tres automóviles particulares que prestaban servicio de transporte sin los permisos correspondientes en el Parque Industrial Las Américas, en Chihuahua capital.
Las unidades recibieron multas de 5 mil 657 pesos, más gastos de corralón.
Estos antecedentes prueban que existe actividad de inspección, aunque no permiten concluir cuántos automóviles han sido sancionados específicamente en el kilómetro 20 durante 2026.
Otra amenaza: la posible infiltración de grupos criminales
Al riesgo carretero se añade una dimensión de seguridad pública que exige especial atención.
En febrero de 2026 se dieron a conocer denuncias atribuidas a conductores de la ruta Juárez–Chihuahua sobre presuntas extorsiones y exigencias de identificaciones impuestas por grupos criminales para permitirles recoger pasajeros.
Las versiones mencionaron tanto el kilómetro 20 como la zona de Pistolas Meneses, en la capital del estado.
Sin embargo, el señalamiento abre un frente relevante, cuando una actividad económica opera sin mecanismos suficientemente transparentes de registro, vigilancia y protección, sus participantes pueden quedar expuestos a amenazas, cobros ilegales o disputas por los puntos de servicio.
Por ello, cualquier investigación oficial tendría que atender no solamente las irregularidades administrativas de los operadores, sino también las posibles denuncias de extorsión y amenazas en su contra.
El impacto económico: competencia desigual y nuevas oportunidades
La aparición de los vehículos compartidos está modificando las condiciones de competencia del transporte foráneo.
Las compañías tradicionales deben cubrir obligaciones laborales, instalaciones, mantenimiento, seguros, permisos y otros costos operativos, mientras que un prestador informal podría no enfrentar las mismas cargas.
Esa diferencia puede permitir tarifas más bajas, aunque no constituye por sí sola una demostración de mayor eficiencia.
Para las empresas establecidas, el efecto puede traducirse en pérdida de pasajeros y reducción de ingresos.
Para los conductores particulares, representa una oportunidad de autoempleo. Para los consumidores, amplía las opciones disponibles.
En 2023, la gerencia de la Central Camionera de Juárez ya advertía que los automóviles particulares estaban afectando a las líneas formales y que habían contribuido a reducir corridas.
La magnitud de esas pérdidas, sin embargo, no fue acompañada de cifras contables públicas verificables.
El debate tampoco debe resolverse únicamente mediante prohibiciones.
Una política pública tendría que reconocer la existencia de una demanda real e investigar si es posible establecer esquemas autorizados de transporte compartido interurbano, sujetos a requisitos de seguridad, responsabilidad civil, identificación, fiscalización y protección al consumidor.
La terminal que nació de la necesidad y creció más rápido que la vigilancia
El kilómetro 20 representa algo más que un punto donde se concentra una oferta de viajes. Es el reflejo de una transformación en los hábitos de transporte de los juarenses y de las dificultades de los sistemas convencionales para satisfacer todas las necesidades de movilidad.
Los automóviles compartidos llegaron para cubrir una demanda que existe.
Su crecimiento ha generado ingresos, facilitado desplazamientos, agilizado entregas comerciales y ofrecido opciones que muchos ciudadanos consideran más convenientes.
Pero también ha colocado sobre las carreteras un negocio cuya dimensión y condiciones de operación todavía no están suficientemente documentadas en la información pública disponible.
La verdadera irregularidad no consiste en compartir un automóvil, sino en prestar un servicio comercial sujeto a regulación sin cumplir las autorizaciones y medidas de seguridad correspondientes.
Para los pasajeros, el asunto puede resumirse en llegar antes, pagar menos y viajar cómodamente.
Para la autoridad, las preguntas son mucho mayores; quién conduce, quién cobra, quién supervisa y quién responde.
Porque mientras un viaje termine sin incidentes, las deficiencias de protección pueden pasar inadvertidas.
El problema aparece cuando hay un accidente, una mercancía desaparece, una familia exige respuestas o un conductor denuncia amenazas.
En Ciudad Juárez, el transporte compartido ya forma parte del mercado real de movilidad.
Lo que falta determinar públicamente es cuántos de quienes participan en ese mercado cumplen con las obligaciones que protegen a los usuarios.
El negocio ya tiene pasajeros, rutas y movimiento económico. Lo que todavía exige respuestas es su control, su seguridad y su responsabilidad ante la ley.
