Reconocen trayectoria de la futbolista Emily Bautista

Las recientes declaraciones de Nancy Escárcega, candidata a la Magistratura del Tribunal de Disciplina del Estado de Chihuahua, no deben tomarse a la ligera. Su denuncia va más allá del ruido electoral, pues habla de una amenaza concreta y profundamente peligrosa para la democracia y el Estado de derecho en la entidad. La aspirante está denunciando que hay candidaturas que responden a intereses del crimen organizado y pretenden incrustarse en la estructura del Poder Judicial. No es una acusación menor. Cuando una candidata señala con firmeza que “esta elección ciudadana se encuentra en riesgo por la ambición de quienes pretenden mantener el poder a toda costa”, no solo está evidenciando el juego sucio de ciertos grupos políticos, sino una alerta más grave, que es el intento de captura de las instituciones judiciales por actores criminales. Pero Escárcega va más allá. Pone nombre y rostro al ataque que asegura estar enfrentando: Javier Corral y su círculo político, con Lucha Castro como figura clave en lo que ella llama “el brazo armado” de esa estructura. Escárcega vuelve a señalar directamente a Corral y a su “brazo armado”, Lucha Castro, acusándolos de manipular a víctimas para atacar su candidatura. La gravedad de esta acusación exige respuestas. No puede pasar inadvertido que en un estado con heridas abiertas por violaciones graves a los derechos humanos, se utilicen estos casos como arma política. Si hay verdad en lo que Escárcega sostiene —y ella no es una outsider, sino una profesional con trayectoria en el análisis de casos emblemáticos como el de la familia Alvarado Reyes—, entonces estamos ante una muestra más de cómo el poder se atrinchera usando el dolor de otros como escudo. Por eso, resulta urgente que la sociedad civil, los organismos de derechos humanos y los medios de comunicación volteen la mirada hacia lo que realmente está en juego, que es la posibilidad de tener un poder judicial verdaderamente autónomo o, por el contrario, uno capturado por intereses políticos y criminales.

En serio, las firmas del nombramiento de Alejandro Carrasco Talavera como Presidente Provisional o Encargado de Despacho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no tienen máuser. El documento donde supuestamente le endilgó el cargo el finado Javier Gonzalez Mocken contiene una firma que en nada se parece a la del maestro juarense. Ayer circulación dos documentos: ése, el del nombramiento interino, y otro equis con la firma original de El Mocken y para nada se parece una con la otra. Se trata de un fraude tremendo que alguien cometió para favorecerse mientras Javier yacía en un hospital de la ciudad de El Paso, Texas. Con ese documento, Alejandro pretende ser subido a la terna y luego al Pleno para ser ungido como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, La Fuente sabe que esa posibilidad está extinta y que el actual Presidente de la Cedh no llegará. Así que basta esperar, este viernes, que la Junta de Coordinación Política consense a los tres que sean unidos para que uno de ellos sea electo como nuevo titular del organismo con el voto de la mayoría de los Diputados locales.

Está raro que Andreíta Chávez, la ambiciosa Senadora que provocó un caos nacional con su desmedido activismo ilegal, basado en apoyos innombrables ahora, no haya dicho nada. Ya son dos días en que se sabe que será el Instituto Estatal Electoral la instancia que desahogará la denuncia en su contra. El Tribunal federal reenvió el caso al IEE, en donde Yanko Durán hará la indagatoria correspondiente sobre los hechos contenidos en la demanda. El tema es que existen confesiones expresas de la Senadora Andrea Chávez sobre los apoyos que ha recibido para echar a andar los tráilers de la salud y las ambulancias que regalaba por todos os rumbos del territorio estatal. Hay videos y fotos notariados de esas unidades y un montón de entrevistas en medios donde la inexperta legisladora suelta la sopa motivada por la soberbia y la megalomanía de que es presa. Ahora está literalmente en las garras del Estado, pero ha optado por el silencio -caso rarísimo- cuando generalmente se le llena la boca de insultos y mensajes rijosos.

Plantean en iniciativa
censura a la información 
y dice Claudia, muy viva 
que es "error de redacción".

LA MENTIRA, DEMOSTRADO,
ES POLÍTICA DE ESTADO.

Dicen que algo pasó entre el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, (SSPE), Gilberto Loya y su antiguo subsecretario de Despliegue Policial, Simeón Esparza Peynado.

Apenas el pasado ocho de este mes, Simeón fue quitado de ese cargo y en su lugar llegó Ricardo Realivázquez Domínguez.

Ese día, el mismo Gil Loya anunció que Simeón Esparza iba a seguir colaborando en la SSPE en áreas estratégicas enfocadas en el desarrollo de proyectos y cumplimiento de estándares de calidad operativa.

Pero ahora dicen que Simeón ya no está en la SSPE, que lo mandaron a la fiscalía del Estado sin guarros y blindada, por lo que tuvo que ayudarlo su papito y hacer algunas llamadas desde su pueblo natal, Santa Bárbara, para pedir favores, así que le dejaron la camioneta dura y unos cuantos guarros de la Policía Municipal, de los que están prestados a la Estatal.

Quién sabe qué tan cierto sea este rumor que traen en la misma Policía Estatal y como pues en comunicación social de esa corporación no dan respuesta a nada, pues hay está el dato.